Supuestos fallos cometidos durante la investigación e instrucción del caso de presunta corrupción en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres para anular sanciones graves a conductores, podrían debilitar la acusación que pesa sobre tres funcionarios públicos de este organismo y un agente de seguros, según se puso de manifiesto ayer en la segunda y última jornada del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial, que quedó visto para sentencia.

Fue la propia magistrada-presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, María Félix Tena, la que advirtió ayer del riesgo de nulidad que corría el proceso ante los defectos de forma detectados en la instrucción, que la defensa explotó arduamente en su alegato de exculpación de los 4 imputados.

A pesar de ello, tanto la fiscal como el abogado del Estado, que ejerce la acusación particular, mantuvieron su acusación y su petición de condena de 6 años de prisión y 15 de inhabilitación para cada uno al considerar "suficientemente acreditados" los delitos que se le imputan: falsedad documental, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.

EL REGISTRO ´DUDOSO´ El posible fallo más importante se refiere al registro que se llevó a cabo en el despacho del principal imputado, el exjefe de Asuntos Jurídicos del Negociado de Sanciones, en la Jefatura Provincial de Tráfico. Ese registro se efectuó el 29 de octubre del 2004 sin una orden judicial cuando ya se habían incoado diligencias --el día antes-- en el juzgado por este caso, lo que habría impedido a la Guardia Civil realizar ninguna actuación sin la pertinente autorización del juez, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En ese registro, al que no asistieron el juez, el secretario del juzgado ni el letrado del inculpado, J. C. V., que había sido detenido cuatro horas antes, se halló un CD con 74 expedientes y escritos de alegación elaborados supuestamente por el acusado, por lo que sería una de las pruebas incriminatorias "claves" de la acusación, según el abogado de la defensa, Juan María Expósito.

Este entiende que se han conculcado derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio o la intimidad (el despacho). Esto invalidaría la prueba y, con ello, el propio proceso al no haberse respetado todas las garantías legales y al estar "en conexión" esta prueba con el resto, algo con lo que no están de acuerdo ni el fiscal ni el abogado del Estado. Las defensas piden la absolución de los acusados.

Este caso saltó a la luz pública en 2004 tras ser detenido el exjefe del Negociado de Sanciones supuestamente por elaborar alegaciones o recursos a las denuncias de amigos y conocidos alterando la fecha de entrada en la Jefatura con un presunto sello falso que mandó fabricar.