CCOO asegura que el Imas está desbordado y no refuerza plantilla

CCOO se pronuncia precisamente la semana en que este periódico ha sacado a la luz las quejas de usuarios y de la Red de Solidaridad Popular que denunciaron cómo en 2017 no recibieron ayudas sociales porque la convocatoria había agotado sus fondos. El sindicato consideró «escaso» y «totalmente insuficiente» el personal que hay para atender el Servicio Social de Atención Social Básica, a cientos de personas con problemas de falta de ingresos económicos, desahucios, dependencia, discapacidad, informes de fiscalía, adopciones...

El sindicato recordó que la Junta, en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales que recoge la necesidad de garantizar a la ciudadanía de Extremadura la atención de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, amplió la financiación en 2016 para la contratación de 49 trabajadores sociales más en la Red Básica de Servicios Sociales de la región.

En el caso de Cáceres se destinó una ampliación de dos trabajadores sociales más al convenio con el ayuntamiento, con lo que el municipio dispondría de 11 trabajadores sociales para atender a sus 95.814 habitantes, una cifra «todavía lejos de alcanzar la ratio establecida por ley», aseguró el sindicato.

DOS AÑOS DESPUÉS / «Inexplicablemente y a pesar de la evidente necesidad de reforzar la plantilla de trabajadores sociales del Imas, el ayuntamiento no ha procedido aún, casi dos años después, a la convocatoria ni a la contratación de estas dos nuevas plazas», reiteró. En este sentido, instó al ayuntamiento a convocar las plazas con «carácter urgente» y denunció ante la Dirección General de Política Social la no contratación de estos trabajadores que están siendo financiados por la Junta de Extremadura, además de exigir el «control exhaustivo» en la justificación del dinero destinado a la financiación de las 11 plazas, tanto del ejercicio 2016 como del ejercicio 2017.

Por otro lado la «sobrecarga» de trabajo mantenida que recae en los nueve trabajadores durante casi 10 años, desde el inicio de la crisis, ha motivado «una situación de estrés y riesgo psicosocial a los mismos así como mermado la posibilidad de garantizar una atención de calidad a la ciudadanía», aseguró el sindicato.

De esta forma, el acceso a la primera entrevista se retrasa, la gestión de las solicitudes de rentas básicas, ayudas de mínimos vitales, contingencias y urgentes, «colapsan» la atención social, y es «imposible» desarrollar las actuaciones técnicas y esenciales del trabajo social de acompañamiento y de inserción que provocarían la mejora de la calidad de vida de las personas y de las familias contribuyendo en gran medida a la erradicación de la exclusión social.

Consideró que el ayuntamiento «está desatendiendo” a la ciudadanía en materia de atención social, porque «incumple» el convenio de financiación de los Servicios Sociales Básicos al no proceder a la contratación de los dos puestos para los que se les dotó económicamente desde 2016. CCOO pidió a la Dirección General de Política Social que «asuma» su responsabilidad y exija al ayuntamiento el cumplimiento del convenio suscrito y la contratación de los trabajadores sociales por los que se le paga.

El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, aprovechó ayer su comparecencia ante la prensa para defender la política del PP en el Imas. Anunció que el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el plan estratégico de subvenciones del 2018 cifrado en 482.000 euros para ayudas de urgente necesidad y aprovechó para criticar «la bajeza del PSOE» por usar, dijo, «a las personas necesitadas como rédito político». Y es que esta semana el PSOE cuestionó que la convocatoria de ayudas de urgencia social no tuviera carácter bianual después de que entre el cierre de la convocatoria de 2017 y la apertura de la de 2018 hayan transcurrido dos meses.

Mateos apuntó que los socialistas aprobaron por unanimidad ese plan que luego han puesto en tela de juicio. En este sentido, afeó al portavoz Luis Salaya que no diga nada de que la Junta aún no haya concendido a Cáceres las ayudas de mínimos vitales y las de contigencia, así como la «lentitud» en la resolución de la renta básica. Mateos destacó el «buen trabajo» de los técnicos del Imas, y subrayó que este organismo atendió en 2017 a 716 familias por un importe de 450.000 euros. Apuntó que se tramitaron más de 1.000 solicitudes de servicios básicos, 752 de transporte urbano, 350 de ayuda a domicilio, 100 de teleasistencia y 600 de ludotecas y conciliotecas.

El portavoz del gobierno se refirió en este sentido al reciente Informe de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales de España que destaca a Cáceres como la ciudad extremeña que más dinero dedicó a personas en situación desfavorecida.