La cárcel vieja, la residencia sanitaria San Pedro de Alcántara, la Universidad Laboral, el instituto El Brocense, el cementerio, la estación de ferrocarril, el edificio Valhondo en San Blas, el cuartel Infanta Isabel, la delegación de la Seguridad Social, el edificio sindical, el banco de España, la sede de Hacienda, la antigua escuela de Magisterio, el seminario..., todos estos inmuebles tienen en común que con el nuevo plan de urbanismo quedan protegidos. Son parte del centenar de edificios y de elementos urbanos, la mayoría levantados en el siglo XX, que con el nuevo plan de urbanismo no se podrán derribar. En este catálogo están la mayoría de los grandes edificios públicos del centro moderno de la ciudad. La única excepción es el Múltiples, que no se protege.

El catálogo de bienes es uno de los documentos que forman parte del nuevo plan, normativa que está en la fase previa a su entrada en vigor y que marca las reglas de juego para el desarrollo de Cáceres y cualquier actuación urbanística. La finalidad del catálogo es completar la protección que el plan especial da ahora al conjunto de edificios del casco viejo (de San Antón hasta la barriada de San Blas).

El catálogo de bienes regula tres niveles de protección: integral, estructural y ambiental. El primero protege la totalidad del edificio. El segundo preserva el edificio como una unidad arquitectónica y favorece la conservación de sus elementos básicos. Y El tercero protege el inmueble porque, aunque no cuente con gran valor por sí mismo, resulta característico de una determinada imagen urbana, según se especifica en el catálogo, que está actualmente en su tercer periodo de exposición pública.

De sus 105 fichas, a las que se suman ocho conjuntos urbanos, 101 pertenecen a bienes que tienen una protección que es integral o estructural, lo que impide el derribo del inmueble.

Según se precisa en la memoria del catálogo, para su elaboración se han tenido en cuenta las áreas del ensanche urbano (en el actual centro moderno) de Cáceres que "han consolidado la ciudad moderna". En la memoria se concluye que este documento deberá entenderse como un ejemplo de "las piezas de renovación o nueva construcción y de aquellas otras más antiguas que han perdurado en el tiempo, ofreciéndose como muestrario de una parte de la historia de la ciudad y que con el tiempo llegará a formar parte asimismo de su gran patrimonio cultural".

El nuevo plan de urbanismo está actualmente en su tercer periodo de exposición pública y el catálogo ha sido en las dos exposiciones previas uno de los documentos más polémicos y que ha tenido más alegaciones, ya que, además de los edificios públicos, incorpora una treintena de edificios residenciales, la mayoría en la avenida Virgen de la Montaña, en la avenida de España y en el entorno de esta última, con inmuebles que en su mayoría son de mitad del pasado siglo.

La inclusión de estos inmuebles es, con independencia de la polémica que genera, una de las principales novedades del catálogo. Son inmuebles que por la zona donde están situados podrían tener un mayor aprovechamiento (más alturas y, por tanto, mayor edificabilidad urbanística), pero que el nuevo plan de urbanismo protege al considerar que son ejemplos singulares del desarrollo de la ciudad. Hay casos, como un inmueble situado en la calle Clemente Sánchez Ramos, donde hace unos meses se realizó una consulta ante la comisión de Urbanismo para construir con su consiguiente derribo, y hay otro edificio en obispo Segura Sáez, esquina con Virgen de Guadalupe, que tenía enfrente un inmueble similar que se ha derruido hace un par de años para levantar otro de 10 plantas.

El catálogo de bienes incorpora una quincena de edificios religiosos, entre los que figuran los templos de San José, San Pedro de Alcántara y Fátima, los tres del pasado siglo, y otros de más valor por su antigüedad, como las ermitas de San Blas y Espíritu Santo. También hay otra veintena de inmuebles mineros (mina de la Esmeralda, mina María Estuardo, la Abundancia...) y de inmuebles ferroviarios del núcleo urbano de la estación de Arroyo-Malpartida.

ELEMENTOS URBANOS La relación se completa con una quincena de elementos urbanos, entre los que aparecen la Fuente Luminosa, las estatuas y fuentes del paseo de Cánovas, la plaza de los Conquistadores, el bombo o la Cruz de los Caídos, en cuya ficha se especifica que, aunque se protege, sus condiciones de protección permiten su traslado, posibilidad que se planteó en la anterior legislatura cuando se llegó a acordar la remodelación de toda la plaza de América, pero que no se llegó a acometer.

Hay un último elemento a destacar del catálogo de bienes que se incluye en el nuevo plan de urbanismo. Se trata de la protección que se da a ocho enclaves urbanos, que quedan con protección ambiental, aunque el objetivo es preservar el mismo tipo de edificación por su singularidad respecto al resto de la ciudad. Estos ocho enclaves son las edificaciones de la estación de Arroyo-Malpartida, las poblaciones de Rincón de Ballesteros y Valdesalor --su ayuntamiento ha pedido la eliminación de la protección-, el poblado de Las Trescientas, las casas militares en la zona de capitán Luna, la barriada del Espíritu Santo, las casas de San Blas situadas en el entorno de la calle Lope de Vega y el poblado minero en Aldea Moret.

El nuevo plan de urbanismo está pendiente de aprobación definitiva por parte de la Junta y quedan por resolver las alegaciones que se presenten durante la exposición que acaba el miércoles. La protección de los edificios tendrá efecto con la entrada en vigor del nuevo plan. El catálogo se puede modificar, para incluir nuevos edificios o excluir los que se mantengan en el mismo tras su entrada en vigor, aunque se necesitará el informe preceptivo y vinculante de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.