Todavía habrá que esperar alrededor de dos o tres meses para conocer si la interventora general de la diputación será despedida o no tras el inicio del expediente de cese por parte del equipo de gobierno el pasado 22 de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en periodo de alegaciones y la interventora, Victoria Eugenia Valle Núñez, rehusó ayer realizar declaraciones a preguntas de este medio aludiendo precisamente a que se halla dentro de este plazo hábil para alegar.

Quien sí se refirió al caso durante la rueda de prensa previa al último pleno ordinario del año fue el portavoz del equipo de gobierno, Fernando García Nicolás, que negó que se trate de una caza de brujas e hizo hincapié en que la decisión está «argumentada» con más de 1.000 folios de expediente y una resolución presidencial de 80 hojas, al mismo tiempo que cargó contra el PP por su «afán de protagonismo», asegurando que los populares solo pretenden «sacar rédito político» de esta situación. Nicolás añadió que el problema con la intervención «se arrastra desde la legislatura anterior» cuando gobernaba el PP, que «en muchas ocasiones puso en entredicho sus informes», y explicó que, si bien no se trata de un proceso frecuente, sí que es un procedimiento «normal y reglamentado».

En respuesta a las declaraciones realizadas este jueves por el portavoz del PP en la institución provincial, Alfredo Aguilera, Nicolás negó que desde el equipo de gobierno se oculte información o exista poco diálogo haciendo referencia al último informe de transparencia internacional en el que la diputación obtuvo 92,5 puntos de 100, siendo una de las provincias con mejor puntuación del país. Por último, en cuanto a la baja ejecución presupuestaria reconoció que es un problema que «se viene arrastrando desde 2012» pero negó que el desembolso de los seis millones que se realizó para saldar la deuda fuera para aumentar el porcentaje de ejecución presupuestaria sino para «invertir en los municipios».

SUPERÁVIT

En el último pleno ordinario del año se aprobó ayer --con los votos del PSOE y las abstenciones de PP y C’s-- una moción presentada por el equipo de gobierno, lanzada a nivel nacional, por la que los socialistas instan al Gobierno central a que levante a los ayuntamientos a partir de 2017 la prohibición de reinvertir el superávit para cumplir con los compromisos de estabilidad, prohibición que regula la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf).

En ese sentido, Nicolás apuntó que el superávit de la diputación cacereña asciende a 50 millones, así como el de la institución provincial pacense. De los diferentes ayuntamientos de la región no se tienen datos, sin embargo en el conjunto del país la administración local ronda un superávit de 4.500 millones de euros. Además, sobre la deuda local, Nicolás explicó que este año ha llegado a los objetivos del 3% fijados para 2020, lo que supone que llega con cuatro años de adelanto, motivo por el cual el Estado no debería «seguir apretando» a las administraciones locales. A este respecto, Aguilera explicó antes del pleno que su partido no votaría a favor de la moción, que ya fue aprobada en Badajoz, ya que necesita garantías de que «se reinviertan los superávit en inversiones sostenibles económicamente y no en aumentar los gastos en protocolo o en los gastos en congresos». Por su parte, según recogió Europa Press, el portavoz de Ciudadanos, Víctor Peguero, pese a compartir algunos puntos de la moción, también se abstuvo en la votación al considerar que es un asunto «que se deberá tratar en Madrid».

Entre el resto de puntos del orden del día se aprobó --con votos favorables de PSOE y PP y la abstención de C’s-- la propuesta de denuncia del acuerdo que adoptó en 2008 la Comisión Mixta de Traspaso ‘Complejo Sanitario Provincial’ de Plasencia a la comunidad autónoma de Extremadura. Sobre ello, Nicolás recalcó que se trata de «un mero trámite» pues la última liquidación de seis millones de euros se realizó en el 2015, este año no se ha pagado y la competencia corresponde ya al gobierno regional.

MOCIONES DEL PP

Por otro lado, los votos de socialistas y populares dieron luz verde a las normas reguladoras del Plan Activa 2017 de financiación de gastos corrientes para entidades locales en las modalidades de empleo y servicios y su reparto. Una propuesta que el vicepresidente segundo y diputado de Hacienda, Alfonso Beltrán, definió como «una apuesta por la autonomía local». El reparto en el capítulo de empleo sería de 1,7 millones entre 84 entidades locales, de los cuales 15 serían aportados por la diputación.

Por último, cabe mencionar las dos mociones presentadas por el PP. La primera relacionada con el Plan Activa y respaldada por C’s, en la que los populares demandaban un incremento de la dotación del plan en 2,5 millones, así como un «reparto más equitativo», fue rechazada por los votos en contra del PSOE al considerar «imposible» una modificación, según manifestó Nicolás y recogió Europa Press, ya que «los fondos no son infinitos». Igualmente fue rechazada, por mayoría socialista, una moción «de protesta», señaló Aguilera, del PP contra el modo en que se está desarrollando el protocolo del Parque Cultural Sierra de Gata, basada en la «colocación a dedo de un cargo político del PSOE, el portavoz socialista en Coria, al frente de la institución».