Dos autoescuelas de la provincia, una en Trujillo y otra en la zona de La Vera, se han visto obligadas a cerrar debido a las pérdidas acumuladas por la huelga de examinadores. Son ya casi cinco meses de paros (desde el pasado 19 de junio), fecha desde la que los lunes, martes y miércoles solo examinan la mitad de los profesores (tres de los seis que hay en la provincia), lo que ha provocado que más de un millar de alumnos no hayan podido examinarse en la fecha que tenían previsto para ello.
Las empresas aseguran que sus ingresos se han reducido entre un 65 y un 75% en estos meses y lo peor es que la situación continúa, sin visos de que vaya a solucionarse. «Económicamente estamos en pérdidas. Tenemos que seguir pagando a los profesores, la Seguridad Social, los impuestos, los coches,... No sabemos hasta cuándo vamos a poder soportarlo», indica el presidente de la asociación de autoescuelas de la provincia, Francisco García.
La huelga está organizada a nivel nacional. Los examinadores reclaman que se les reconozca el aumento del complemento específico de su trabajo, así como un compromiso de que no se va a privatizar el servicio, bajar el cupo de exámenes por examinador y día y conseguir que no se entreguen los resultados tras finalizar las pruebas, para evitar agresiones. Por el momento no hay acercamientos, por lo que la huelga seguirá siendo indefinida.
A esto se une la falta de examinadores que llevan años denunciando las autoescuelas. En la provincia harían falta cuatro más (se necesitan unos diez) para poder cubrir el servicio en condiciones, sobre todo durante los meses de verano, que es cuando el sector concentra más de 75% del volumen de trabajo. «La huelga está generando un tapón muy grande con los exámenes pero el problema es que, aunque se desconvoque, la situación seguiría igual porque no hay suficientes examinadores», añade Francisco García.
Desde la Dirección General de Tráfico ya les han comunicado que de momento no vendrán más examinadores a la provincia, por lo que las autoescuelas proponen que se abogue por un servicio mixto, es decir, que se contrate a examinadores privados. Esta opción ya se ha puesto en marcha en Portugal, Francia y en algunos países nórdicos.
