Más de medio millón de soldados han pasado por la base de Santa Ana desde 1964. El acuartelamiento ha supuesto para la ciudad unos ingresos superiores a los 9 millones de euros anuales y una proyección hacia toda España difícilmente igualable. Sin embargo, en marzo del 2001, el general Pardo de Santayana, por entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército, puso fecha de cierre a la base: diciembre de 2002. Comenzó entonces una lucha sin cuartel desde la ciudadanía y sus instituciones que ha permitido que en diciembre de 2009 el cuartel siga activo. No obstante, tras varias demoras y proyectos cambiantes, Defensa acaba de pedir un nuevo año de prórroga para resolver el futuro del Cimov, según ha podido saber este diario. Y ya suman nueve.

La noticia tiene dos lecturas. La primera, menos halagüeña: la incertidumbre sobre la base se acerca ya a la década. La segunda, muy positiva según el ayuntamiento: "La solicitud de Defensa, enviada con carácter de urgencia, supone una prueba inequívoca de que acometerá su compromiso de ampliar el cuartel para acoger una nueva unidad que garantice su futuro. De lo contrario hubiera dejado que el convenio expirara este mes. Ahora la comisión tiene un año para trabajar en ello", explica el concejal Lorenzo de la Calle, miembro de dicha comisión, formada por Defensa, Junta y ayuntamiento. Lo que nadie se atreve a concretar son las fechas ni qué unidad ocupará Santa Ana.

El Cimov se había convertido en la segunda fuente de ingresos de la ciudad, después de la universidad, y en una de sus grandes empresas : 250 empleos directos y otros tantos indirectos. Por ello, el anuncio del cierre supuso un mazazo en el 2001 para las instituciones y el empresariado (abastecedores, hoteles, restaurantes, bares, taxis, gasolineras...). El nuevo Ejército Profesional obligaba a que todos los soldados se formasen en las academias, y los viejos centros de instrucción perdían su sentido.

José María Saponi, por entonces alcalde, se mostró indignado por la noticia. Los ciudadanos secundaron este malestar con la formación en julio del 2001 de la plataforma El campamento no se cierra , integrada por 30 colectivos de todo tipo, desde vecinos y políticos hasta empresarios y sindicatos. Colgaron la primera pancarta del balcón municipal de la era democrática, repartieron 50.000 octavillas y pegatinas, convocaron encuentros, recogieron firmas, viajaron al Congreso... Pero en mayo de 2002, tras un año sin noticias, el departamento de prensa de Defensa ofrecía un anuncio escueto: "El Ejército tiene previsto el cierre de la unidad en el 2003".

PROYECTOS DESDE EL 2002 En junio se lanzó un mensaje esperanzador: Saponi desveló un proyecto de Defensa para dotar a Santa Ana de nuevo cometido, pero no precisó cuál. Mientras tanto, Victorino Mayoral, diputado socialista en el Congreso, desarrollaba un papel muy activo con la presentación de varias proposiciones en las que ofrecía opciones para que la base siguiera abierta: formación de reservistas voluntarios (se concedió a Cádiz), formación de soldados de Infantería, Caballería y Artillería... Todas fueron rechazadas por el PP, contrario a limitar la facultad organizativa del Ejército.

Las cosas fueron a peor, porque en marzo del 2003 la Secretaría de Estado de Defensa firmó la sentencia de muerte del Cimov cacereño al incluirlo en su Plan de Propiedades Innecesarias, un documento previo a la enajenación o permuta.

Las presiones desde Cáceres arreciaron y este esfuerzo dio finalmente sus frutos. En julio del 2003, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre, se entrevistó con Saponi y le comunicó que traía un mensaje "clarísimo" del ministro Federico Trillo para buscar alternativas que evitaran el cierre. Comenzó a hablarse de un centro de instrucción de unidades mecanizadas (TOAS, carros de combate o artillería autopropulsada) con aproximadamente un millar de efectivos. Esta opción necesitaría mucho más terreno que las 300 hectáreas disponibles en Santa