Los desalojos de viviendas sociales ejecutados hace dos semanas en Aldea Moret, para expulsar a sus ocupantes ilegales, ha vuelto a poner en el candelero la situación que arrastra desde hace una década una parte significativa de las viviendas sociales de la ciudad, las que promueven las administraciones públicas para las personas sin recursos.

Actualmente, se calcula que de los 1.976 pisos sociales que tiene la ciudad, unos 200 se encuentran deshabitados y al menos alrededor de otros 300 están en situación irregular, bien por ocupaciones ilegales, reventas, realquileres u otras circunstancias, según datos recabados por este diario de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el ayuntamiento y colectivos sociales.

CUBRIR DEMANDA Con la bolsa de inmuebles que hay actualmente desocupados, podría atenderse al menos la mitad de la demanda de este tipo de viviendas que tiene la ciudad, según el número de solicitudes recibidas en la última promoción entregada (La Mejostilla), a la que optaron 400 personas.

Sólo la Agencia de la Vivienda, de la que dependen 1.209 casas en régimen de alquiler, tiene registradas 67 como deshabitadas por no ocupación: 57 en Aldea Moret, tres en La Mejostilla, cuatro en el Cerro de los Pinos y otras tres en la avenida de la Bondad. Además, hay otras 88 libres y tabicadas para impedir su ocupación ilegal: 76 en Aldea Moret y el resto en La Mejostilla, la Bondad y calle Méjico.

La Concejalía de Asuntos Sociales del ayuntamiento no ha podido facilitar datos tan exhaustivos de los pisos que aún tiene a su cargo de la promoción de 767 que construyó en la década de los ochenta en Aldea Moret, Moctezuma y Espíritu Santo. "Aún está en estudio la situación jurídica de estas viviendas", manifiesta la edil de este área, Basilia Pizarro.

El régimen de los pisos municipales es distinto al de los de la Junta, ya que el objetivo de su construcción fue que pasaran a ser de propiedad privada, pero muchos adjudicatarios se han negado a firmar las escrituras.

El ayuntamiento intenta regularizar esta situación desde 1999, año en el que la Junta cedió al consistorio los créditos con los que se financiaron estas viviendas. Las promociones de Moctezuma y Espíritu Santo (306 viviendas) se legalizaron, no así gran parte de los pisos de Aldea Moret (461), cuyos adjudicatarios siguen negándose a escriturar las casas.

Muchas de estas viviendas también están vacías --al menos 35 adjudicatarios han renunciado a las mismas--, cedidas a terceros o revendidas sin escrituras. El ayuntamiento no ha logrado aún desenredar la maraña jurídica en la que se encuentran estos pisos, aunque la edil de Asuntos Sociales asegura que el procedimiento administrativo "sigue abierto".

Es "un proceso muy largo y por mucho que se quiere correr no se puede y tampoco saltarse a la torera", afirma Basilia Pizarro. Sin embargo, advierte de que "se llegará hasta el final" y se tramitarán los desahucios judiciales en cuanto se agoten los trámites.

"CHABOLISMO VERTICAL" La falta de soluciones a este problema por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres en los últimos diez años, en algunos casos incluso desde la entrega de ciertas promociones en 1987, ha hecho que éste adquiera cada vez mayores dimensiones. Es el caso de las ocupaciones ilegales, cuya impunidad a lo largo de los años ha favorecido su incremento progresivo. De hecho, hay familias que llevan viviendo en estas condiciones hace 10 años.

"A esta situación se llega, principalmente, a causa de la dejadez y pasividad de la Junta", que ha consentido "un chabolismo vertical", se explica desde la Asociación Socio-Cultural Aldea Moret. "El problema se ha enrarecido", reconoce la concejala de Asuntos Sociales, Basilia Pizarro.

Desde la Agencia Extremeña de la Vivienda, se responsabiliza de esta demora para solucionar la situación a la falta de colaboración hasta ahora de la Delegación del Gobierno, sin la que no se ha podido diseñar un operativo policial que diera cobertura a los técnicos para proceder a los desalojos masivos.

La Junta tiene 58 órdenes de desahucio, aunque se estima que entre 150 o 160 familias ocupan o lo han hecho hasta hace unos días estos pisos sin ser sus adjudicatarios legales, según calcula la Fundación Secretariado Gitano. "Muchos solicitaban las viviendas, no se las daban, les decían que se tenían que esperar y como éstas estaban vacías, se metían", explica Antonio Molina, de este colectivo.

Los últimos desalojos pretenden ser un primer paso para solucionar la problemática que acumulan algunos de estos bloques de promoción pública: impagos de comunidades, deterioro de viviendas y edificios, inseguridad o mala convivencia.