No fue precisamente un golpe de efecto el que dio el concejal de Educación, Javier Castellano, cuando el martes resolvió raudo el problema de los alumnos del colegio San Antonio, a los que dotó de patrullas policiales para que no hicieran solos el trayecto que va desde la parada de autobús en Obispo Galarza hasta la calle Margallo, lugar donde está situado este centro escolar.
Y digo esto porque la actitud de Castellano, aunque positiva por la rapidez con la que ha solucionado un asunto serio (el riesgo para los escolares), sí ha sido muy desafortunada políticamente. El joven edil quiso tener un gesto de buena voluntad, pero olvidó, sin embargo, que su decisión podría generar --como así ha sido-- un debate social muy peligroso en torno a si todavía existen en Cáceres ciudadanos de primera y segunda categoría.
Especialmente en periodos de precampaña electoral es cuando un ayuntamiento debe esforzarse en potenciar las políticas sociales que son, al fin y al cabo, las que nos dan la sensación de que vivimos en una ciudad más justa y más equitativa. Está bien que en el San Antonio haya policías, pero no hay que olvidar a todos esos demás colegios que llevan años reivindicando unas mejoras que nunca llegan.
