Sin incidentes y con un fuerte dispositivo policial formado por 32 antidisturbios de Galicia y Madrid, la Agencia Extremeña de la Vivienda ejecutó ayer las primeras órdenes judiciales de desalojo de las viviendas sociales de Aldea Moret ocupadas ilegalmente. Se desalojaron seis en la calle Ródano y una en Jesús Nazareno y hoy se tiene previsto desocupar otras cuatro de la calle Juan García García.

Es el primer paso para solucionar un problema que arrastra el barrio cacereño desde hace más de quince años, pocos años después de que se adjudicaran las 767 viviendas sociales. La Junta y el ayuntamiento iniciaron hace cinco años el proceso de regularización de estos pisos, afectados muchos de ellos también por ventas ilegales, sin que hasta ahora se hubiera hecho efectiva ninguna expulsión, aunque sí se han tapiado algunas viviendas vacías para evitar su ocupación.

Al día de hoy, los expedientes de desahucio afectan a más de 40 inquilinos. "Todos las vamos a llevar a efecto, excepto que se entreguen voluntariamente las llaves, hasta que recuperemos todas las viviendas", anunció ayer la asesora de la Agencia de la Vivienda que coordinó la operación.

SEGUNDAS RESIDENCIAS Las 7 viviendas desalojadas estaban ayer deshabitadas. Los inquilinos ilegales de cuatro de ellas --en el número 5 de la calle Ródano--, según la responsable de la Junta, viven de forma habitual en Palma de Mallorca (tres de ellos) y Zaragoza (uno) y sólo ocasionalmente lo hacen en Cáceres. En ese bloque, se desocupó el Bajo C, el 5º C y el 3º C y D.

Otras dos estaban vacías y sólo se les cambió la cerradura y la última, en la calle Jesús Nazareno, se había denunciado por los vecinos la presencia de galgos en su interior, aunque ayer no se encontró a los animales.

Los desalojos se efectuaron con absoluta calma y sin que se registrara ningún altercado. Algunos de los vecinos de los bloques y afectados por los expedientes de desahucios expresaron sus protesta verbal, pero no opusieron resistencia. "Tanta policía no era necesaria, porque da mala imagen, sobre todo de la comunidad gitana. La gente ha colaborado aunque se esperaba una nueva reunión con la Junta antes de que los echaran a la calle", manifestó Francisco Javier Paredes.

La Delegación del Gobierno, en coordinación con la Junta, dispuso el despliegue policial para evitar enfrentamientos como los ocurridos en la barriada de La Data, en Plasencia, durante los últimos desalojos efectuados en la misma, según confirmó el inspector jefe de la Policía Nacional, Luis Domínguez.

El dispositivo, que también participará en la actuación de hoy, está formado por once dotaciones de antidisturbios, con 32 agentes llegados expresamente de Galicia y Madrid, dos de la Policía Nacional de Cáceres y otra de la local, además de seguridad privada. En ningún momento tuvieron que intervenir y se limitaron a vigilar los trabajos de desalojos.

Desde las nueve de la mañana hasta por la tarde, una treintena de operarios de la mudanza y la construcción contratados por la Junta vaciaron los inmuebles y realizaron pequeñas obras de reparación sobre la marcha. La intención de la Agencia de la Vivienda, una vez recuperados y arreglados los pisos, es abrir el plazo para nuevos demandantes de viviendas sociales. Los muebles y enseres sacados de los pisos se trasladarán a una nave de la Junta hasta que lo reclamen sus propietarios.

"NOS HAN ENGAÑADO" Algunos de los ocupantes ilegales de los pisos sobre los que pesa la orden de desahucio manifestaban ayer sentirse "engañados" por la Junta y denunciaron las formas. "Nos habían prometido que si entregábamos las llaves, nos darían un piso para podernos ir o ayudas para pagar un alquiler, pero no ha sido así", declaraba José M Paredes, que figura en la lista de futuros desalojados.

"¿Dónde voy a ir yo con tres niños y mi mujer? Nosotros nos hemos metido ilegalmente porque no teníamos otro sitio a donde ir", justificó este inquilino ilegal. Cuenta que ocupó el piso hace tres años, cuando éste llevaba dos abandonado. "Estaba de acuerdo en dar las llaves voluntariamente, pero que me den otra casa donde poder llevar a mi familia. Nos dicen que nos vayamos con familiares, pero nosotros somos cinco", argumentó.

La técnico de la Agencia de la Vivienda reconoció que, "a propuesta de los inquilinos", se había celebrado hace unos quince días una reunión en el Edificio Múltiples para negociar los desalojos con la entrega de llaves voluntariamente. "Se han agotado todos los recursos, con requerimientos, cartas, llamadas de teléfono y todas las gestiones posibles sin que hayamos obtenido resultados, no nos dan otra opción", apuntó.

Una vez que se regularice la situación de estas viviendas, el proyecto de la agencia es reabrir la oficina de atención que en su día tuvo en la calle Germán Sellers de Paz y donde aún conserva el local.