Una comisión depurará en Cáceres responsabilidades por las expropiaciones y su coste superior a los 50 millones

Se parte de 1984 porque en esa fecha el plan general de urbanismo ya clasificaba como suelo urbano espacios que no eran del ayuntamiento y que estaban destinados a sistemas generales (a zonas públicas y de servicio a la ciudad como parques, nuevos viarios...). Su consecución por el ayuntamiento se planificaba en el plan de urbanismo mediante su expropiación (en algunos casos se llegaron a acuerdos entre el ayuntamiento y el propietario para la permuta del terreno y la sustitución de los pagos monetarios). Esta clasificación de 1984 está en el origen de algunos de los expedientes pagados en los últimos años, como el de las expropiaciones para la ampliación del Parque del Príncipe.

En casi todos estos casos de expropiaciones de suelo y bienes la tramitación se inició a petición del propietario del terreno. Esto obligaba al ayuntamiento a su obtención al no adscribirse su consecución a una nueva zona de la ciudad a desarrollar con un fin residencial o terciario, como sí se hace desde el plan general de urbanismo en vigor desde 2010. Por tanto, los expedientes a examinar por la comisión abarcan al menos el periodo comprendido entre 1984 y 2010, aunque parte de ellos comenzaron a partir de 1999, cuando el plan de urbanismo que entró en vigor ese año mantuvo las previsiones del plan anterior.

Con la adscripción, el propietario del terreno recibe la compensación o el pago por su terreno con su participación en los beneficios del desarrollo de la nueva zona residencial para viviendas o terciaria para usos o espacios comerciales.

La decisión de constituir una comisión de investigación parte de una moción de urgencia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos. No obstante, dos días antes desde el grupo municipal de CáceresTú (Podemos) ya se anunció que se iba a impulsar su creación y en el pleno, antes de debatirse la moción, la alcaldesa, Elena Nevado, comentó que estaba de acuerdo con la propuesta hecha por CáceresTú.

En la moción aprobada ayer por el pleno se acuerda que se tendrán que aportar a esta comisión todos los expedientes incoados desde 1984 y que se citará a todos los responsables políticos y técnicos de la administración local (secretario, interventor, tesorero, arquitectos, aparejadores...). En otro de sus puntos se acuerda que se tendrán que depurar las responsabilidades a que haya lugar, "interponiendo las acciones judiciales oportunas para su exigencia y reintegro al ayuntamiento de los perjuicios causados".

Ahora habrá que decidir qué tipo de comisión se va a constituir, queda pendiente del informe del secretario general, dado que en el ámbito de la administración local no hay una regulación expresa para las comisiones de investigación. El edil socialista Francisco Hurtado aludió en su intervención al artículo del reglamento orgánico municipal que regula las comisiones especiales. Otra de las cuestiones que se tendrán que resolver en los próximos meses es el alcance real y práctico que pueda tener esta comisión. Además ahora se tendrá que decidir su composición, en lo que ya hay acuerdo es en que no la presidirá ningún miembro del gobierno local.

Durante la lectura de la exposición de motivos de la moción, el portavoz de C's, Cayetano Polo, aseguró que "al amparo de la desidia política" se ha producido en los últimos años "una sucesión de pelotazos urbanísticos" de los que "han sido beneficiarios distintas personas físicas y jurídicas como consecuencia de la solicitud de expropiación de terrenos para zonas verdes".

"Cáceres necesita explicaciones", incidió Hurtado, mientras que la portavoz del grupo municipal de CáceresTú, Consuelo López, recordó que su grupo ya planteó la creación de una comisión de investigación en la intervención ante los medios de comunicación del pasado martes.

El edil de Urbanismo, Valentín Pacheco, presentó la enmienda del PP para que el periodo de la investigación empezase en 1984, dado que en la moción de C's comenzaba en 1999, y aludió a que durante los cincos años del mandato de Elena Nevado se han recibido en el consistorio "una cascada de sentencias por las que se han pagado durante este tiempo más de 15 millones de euros".

En el pleno de ayer se habló de expropiaciones porque se tenía que decidir sobre si se pagaban intereses de una de las expropiaciones con el exceso del canon del agua que debe poner Canal de Isabel II. La cantidad a pagar son 1,5 millones (intereses reconocidos por el consistorio en diciembre del 2014) y la expropiación es la que promovió GP Promoción del Suelo en marzo de 2002, cuando presentó la hoja de aprecio, proceso por el que esta sociedad ya cobró en agosto de 2009 todo el principal del justiprecio establecido en la sentencia que valoró el coste del suelo en 6.370.430 euros (la empresa había adquirido una década antes el suelo, durante el año 1999, por el que pagó 624.431 euros).

La propuesta del gobierno local (PP) de pagar los 1,5 millones con el exceso del canon del agua salió adelante con los once votos de los ediles del PP y la abstención de los cuatro concejales de C's. Los diez ediles del PSOE y de CáceresTú votaron en contra. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx ha dado de plaza hasta el 1 de julio para que se abone la citada cantidad. La Sala ha apercibido a la alcaldesa que si no se afronta este pago se actuará contra la propia regidora con el inicio "de incidente de imposición de multas coercitivas".

La razón por la que CáceresTú y el PSOE no respaldaron la propuesta del PP fue porque la solución de que Canal pague ahora la segunda anualidad del exceso del canon (para la que tiene de plazo hasta el 18 de marzo de 2017) supone que la empresa deje de pagar 157.269 euros al ayuntamiento. El compromiso de Canal era abonar 9.016.740 euros de exceso de canon en 4 años a partir de marzo de 2015 (2.215.185 euros al cierre de cada anualidad). Ofrecía más de exceso de canon (la cantidad que se fijaba en el pliego del concurso para gestionar el ciclo integral del agua era 7.550.000), pero lo repartía en cuatro años.

Al adelantar el pago de la segunda anualidad se aplica la tasa de descuento que se establece en el contrato entre el consistorio y la empresa (tasa que es del 7,5% anual). Por este motivo se estima que la empresa dejará de pagar 157.269 euros y que el ayuntamiento recibirá 2.096.916 euros. No obstante, la cantidad a recibir por el consistorio tendrá que ser mayor a dicha cifra y por tanto la pérdida menor, debido a que el adelanto no es de una anualidad entera. La misma empresa, en su respuesta a la propuesta del ayuntamiento de adelantar el exceso del canon, apunta que "queda pendiente la liquidación definitiva" en función de la fecha en la que se haga efectivo el ingreso al ayuntamiento.

SEGUNDO ADELANTO CANON Es la segunda vez que se adelanta el exceso del canon del agua. La primera anualidad se tuvo que haber pagado al ayuntamiento el pasado 18 de marzo, pero ya se había abonado un año antes, también con su tasa de descuento del 7,5%. Su pago se sumó al del canon inicial, que se abonaba de una sola vez, al mes de la firma del contrato el 18 de marzo de 2015, y que ascendía a 30.200.000 euros.

Pero desde los tres grupos políticos de la oposición, en las intervenciones de Ildefonso Calvo (CáceresTú), María Angeles Costa (PSOE) y Antonio Ibarra (Ciudadanos), también se reprochó al gobierno que se hayan dejado acumular intereses por al menos 1,5 millones de euros de la expropiación de GP Promoción del Suelo tras el pago de todo el principal en el año 2009. Ese dinero es solo la cantidad que reconoce el ayuntamiento. Está pendiente que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx decida sobre la liquidación definitiva. La empresa, en su última valoración, estimaba el importe total de los intereses en 5.278.574 euros.

AUTO JUDICIAL Los ediles del gobierno María Guardiola y Pacheco explicaron el proceso seguido. Guardiola detalló que hasta 2010 la Sala no fijó la base de ejecución para el cálculo de los intereses, pero la empresa la recurrió, llegando hasta el Supremo, que resolvió en 2014. Ese año se presentó por cada parte una nueva liquidación "y la empresa volvió a mostrar su disconformidad", precisó ayer el edil de Urbanismo, que recordó que no hubo una nueva resolución de la Sala hasta septiembre de 2015 precisando que no había lugar a una nueva rectificación de la base.

En este punto Guardiola y Pacheco cuestionaron el proceder de la Sala con su auto de marzo que obligaba al pago de los intereses admitidos por el consistorio (1,5 millones), ya que en una resolución anterior la Sala había fijado que si se mantenía la discrepancia entre el consistorio y la empresa para el cálculo de los intereses se reuniría a las partes y antes de que se haya producido ese encuentro se ha ordenado el pago.