El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, comentó ayer que se puede crear una comisión informativa o especial no permanente que estaría formada por concejales para "analizar e investigar" los expedientes de las expropiaciones tramitados desde 1984 y así cumplir el acuerdo que se tomó en el pleno de la corporación celebrado el jueves. Esa es la idea que se maneja. No obstante, precisó que habrá que esperar al informe de la secretaría general del ayuntamiento al que se ha supeditado cómo dar cumplimiento al acuerdo.

Hace dos años ya se intentó crear una comisión de investigación, en ese caso la propuesta partió de Izquierda Unida para que se investigase la gestión del Consorcio Cáceres 2016. También se pidió un informe a la secretaría general del ayuntamiento, que concluyó que el reglamento orgánico municipal contempla la posibilidad de iniciar el trámite de la creación de este órgano, pero no determina ni sus competencias ni la potestad para llamar a declarar a las personas implicadas, por lo que se podía dar el caso de que se crease y no tuviese potestad para llamar a declarar a los implicados en los expedientes a investigar. En aquella ocasión se decidió remitir la solicitud de IU a la Junta para que fuese esta administración, que sí tiene competencias precisas, la que crease un órgano para investigar el consorcio.

La alternativa, por lo comentado ayer por Mateos, es la comisión información o especial no permanente. Según se establece en el reglamento orgánico municipal, este órgano puede estar formado por concejales y funcionarios para dictaminar un asunto concreto. El reglamento también regula la creación de comisiones especiales que tienen que tener representantes de todos los grupos políticos. Entre sus funciones están el seguimiento, control, fiscalización e investigación de asuntos. Sus conclusiones no serían vinculantes y revestirían la forma de memorias, informes o dictámenes.