El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial por la que un profesor de Cáceres fue condenado hace dos años por un delito continuado de abusos sexuales a menores.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por J. C. contra la sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres el 19 de septiembre del 2001; y falla, en sentencia de 28 de febrero del 2003, que se condena al mismo a la pena de un año y tres meses de prisión.

Se trata ésta de una condena, ya firme y definitiva, para J. C., de 53 años, como autor de dos delitos continuados de abusos sexuales a menores, por los que además de la pena de prisión antes citada se le condena también al pago de una indemnización de 9.015 euros y una multa de 7.933 euros.

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

La intención de la acusación particular, según indicó a este diario el abogado Raúl Fuentes Pérez, es que las penas se cumplan, incluida la privación de libertad, atendiendo a la gravedad de los delitos, a su carácter continuado, a la condición de menores de edad de las víctimas y a la alarma social que crean estas conductas.

"A pesar de que la defensa intentará que se aplique la suspensión del cumplimiento de la condena de privación de libertad, esta acusación particular no entendería que la Audiencia otorgase tal beneficio al condenado", señaló Raúl Fuentes. En este sentido, el letrado indicó que el condenado, J. C., es profesor de la Escuela de Magisterio de Cáceres, y recordó que al mismo "se le imputan delitos similares, a los juzgados y por los que ha sido condenado, que cometió hace años, cuando era profesor del cacereño Colegio Diocesano".

Los hechos por los que el acusado fue juzgado, los días 13 y 14 de septiembre del 2001, tuvieron lugar en 1999. Por la "fuerte relación de amistad" que mantenía con un matrimonio cacereño, J. C. sometió a uno de los hijos del mismo, de 11 años de edad, a una serie de continuos tocamientos, al igual que a un primo de éste, de 15 años.

Los padres no denunciaron hasta abril y octubre del 2000 respectivamente, pues antes no tuvieron conocimiento de lo sucedido. Ambos menores necesitaron tratamiento psicológico.