Históricamente la utilización y uso del agua generó querellas y conflictos, especialmente derivados de las irregularidades que los usufructuarios del líquido cometían. En la rivera cacereña se generó un enfrentamiento que, desde la Edad Media, tuvo a hortelanos y molineros en disputa permanente. Los unos defendían el derecho al riego necesario de sus huertas, los otros la necesidad del agua como recurso motriz indispensable para el movimiento de sus molinos, hasta 25 funcionaron en la rivera del Marco. Aunque todo ello se encontraba regulado desde 1494 por la ordenanza del agua de la rivera, la conflictividad entre hortelanos, molineros y otros gremios ribereños está muy presente en las fuentes judiciales.
Siendo el verano la época de mayor penuria y mayor escasez de agua, será en esta estación cuando se generan la mayor parte de los conflictos entre sus beneficiarios. El 11 de agosto del año 1739, el vecino de Cáceres, Martín de Figueroa se querella criminalmente contra los molineros Juan García y Sebastian Cazallo .
Les acusa de abusar del uso del agua para llenar los cubos de sus molinos fuera del horario establecido, desde que se ponía el sol hasta su salida. El primero, arrendatario del molino Los Espaderos, había construido una "caucera" más profunda de lo normal, lo cual estancaba el agua en su molino impidiendo su paso hacia la huerta del denunciante. Tras un largo litigio es condenado al pago de 392 reales, indicando que en caso de impago se procedería a prisión, embargo y venta de bienes del convicto. También debe pagar de su costa la obra necesaria para quedar el cauce "con arreglo a lo antiguo".
Sebastian Cazallo , molinero del Guadiloba, el último de la rivera cacereña, es denunciado por tapar la saetilla del cubo de su molino para embalsar el agua por la noche y usarla de día para regar una huerta colindante sin derecho de agua. Por ello la penúltima huerta de la rivera, los Cavezalvos, no pueda regar las horas a las que tiene derecho, en un tiempo donde "el mucho calor abrasa las plantas". El molinero es condenado al pago de 340 reales, señalándole que en la próxima se le considerara un delito de naturaleza criminal.
Otras veces son los molineros los que se querellan contra los curtidores de las múltiples tenerías que se ubican en la rivera, a los que acusan de sacar el agua del cauce y contaminarlo con "el zumaque e inmundicias de las tenerías". Otras, son demandadas las lavanderas, los aguadores, los que lavaban pescado, lana o lino o los tintoreros. Un control que tenía como fin principal regular el acceso sostenible al agua de la rivera, un espacio natural, básico y esencial en la vida económica de la villa.
