El consistorio reanudará el concurso para la venta de nueve parcelas del patrimonio público de suelo sin variar las condiciones ni el precio. La junta de gobierno desestimó ayer las tres alegaciones de la federación de empresarios de la construcción (Fecons) que obligaron a paralizar hace una semana el proceso de venta.

Con sus reclamaciones, los constructores no se oponían al concurso, pedían aclaraciones, aunque también planteaban la reducción en el precio puesto al terreno, posibilidad que la Ley del Suelo permite, y que se proponía por las dudas en el sector de que se pueda edificar cualquier tipo de vivienda de protección oficial, que es el objeto del concurso. La preocupación de Fecons es que se compre suelo a un precio que sería rentable si se hacen viviendas protegidas de régimen general, y que después sólo se puedan edificar casas de régimen especial, que se tienen que vender a un precio más bajo.

El portavoz del gobierno, Andrés Nevado, afirmó ayer que, en base a los informes jurídicos manejados por el gobierno, en los terrenos puestos a la venta se pueden hacer viviendas sujetas a diferentes tipos de protección pública. El portavoz explicó que, según se apunta en los informes, las parcelas no están afectadas por la Ley de Fomento de la Vivienda, sino por la Ley del Suelo y que por tanto son parte del patrimonio público de suelo, que, según se fija en la legislación, puede destinarse a viviendas con algún régimen de protección oficial o de precio tasado, sin que se especifique un tipo concreto.

LEY DEL KILOMETRO Ocho de las nueve parcelas que se venden están en terrenos que se reclasificaron con la Ley de Fomento de la Vivienda, que fijaba para los nuevos residenciales que se creaban la construcción de pisos de protección oficial de régimen especial, razón por la que la federación empresarial de la construcción duda de que se puedan edificar otro tipo de viviendas.