El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, anunció ayer que el ayuntamiento requiere a Acciona el pago de 4,2 millones de euros de la liquidación del contrato del ciclo integral del agua, que la empresa gestionó entre enero de 2012 y marzo de 2015. El consistorio intentará llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa y por la vía de la negociación, aunque las posibilidades de que fructifique son complicadas ya que la compañía ha recurrido la sentencia del juzgado de lo contencioso que desestimó su propuesta de liquidación. La reclamación que ayer anunció Mateos nace de dicha resolución judicial. El juez admitió la deuda de 4,2 millones que el ayuntamiento exige a la compañía, pero la redujo en 517.492 euros, que es la única cantidad de la liquidación de 9 millones que presentó la empresa que se admite en la sentencia, en la que se cuantificó en 3,7 millones el saldo a favor del ayuntamiento cacereño.
Pero el consistorio, apoyándose en un informe del servicio de inspección municipal, considera que no debe recortarse en 517.492 euros la deuda que pide a Acciona. El motivo es que parte de esta cantidad (65.196 euros) se la abonará Canal de Isabel II a Acciona, mientras que el resto ya se ha compensado al haber tenido la empresa gastos por debajo de los inicialmente previstos en su oferta y al obtener ingresos que contrarrestan otra parte (139.040 euros del acondicionamiento de instalaciones hidráulicas) de los 517.492 euros que el juzgado reconoce a la compañía.
No es la única reclamación que el ayuntamiento tiene pendiente con Acciona, además hay otro expediente abierto por deficiencias en el servicio que se cuantifican en casi un millón de euros, defectos que el consistorio quiere que la empresa repare, ya que en último caso se ejecutaría el aval que la compañía tiene depositado.
EXPEDIENTE A SICE / El portavoz del gobierno confirmó ayer que el ayuntamiento ya ha mantenido una primera reunión con Sice, la empresa que gestiona el alumbrado público, tras el anuncio el pasado viernes de apertura de expediente sancionador a la compañía. Mateos comentó que la empresa asumió que hay deficiencias ya que en algunas zonas la intensidad del alumbrado público es inferior al que había antes del cambio de las lámparas convencionales por las de led.
El portavoz detalló que la empresa explicó que su intención inicial era que una vez renovado la totalidad del alumbrado se actuaría en aquellas vías donde la luminosidad se ha reducido. «En la reunión se les dijo que no esperen y que se actúe de manera inmediata, sobre todo en las aceras y viarios cuya seguridad se haya visto afectada», apuntó el portavoz. Por ahora se ha renovado algo más del 80% del alumbrado. El expediente seguirá con su tramitación, la sanción máxima propuesta estaría en torno a los 60.000 euros y el plazo para que la empresa presente alegaciones sigue abierto. Por parte de la delegación de Sice en Cáceres se declinó ayer, a preguntas de este diario, hacer valoraciones sobre el contenido de la reunión mantenida con el ayuntamiento.
