El ayuntamiento recurrirá el acuerdo del pleno de la diputación provincial que rescinde el convenio firmado en 1988 entre las dos administraciones para la prestación del servicio de extinción de incendios. Es un recurso en vía administrativa y previo a la presentación de un contencioso ante los tribunales. La decisión se adoptó ayer en la comisión de Hacienda y se deberá refrendar en el pleno que el ayuntamiento celebra el jueves.

Su presidente, Andrés Nevado, insistió en que el dictamen de la comisión local "no es contra otra institución", ya que aseguró que "la voluntad política es resolver la cuestión". Nevado argumentó que "la ley lo permite y los informes dicen que conviene interponerlo, y eso es lo que se hace".

El diputado del servicio de extinción de incendios, José Félix Olivenza, explicó, en el pleno que se celebró el 23 de diciembre, que se rompía el convenio por su incumplimiento por parte del consistorio, y defendió la creación de un consorcio que regulase la financiación del servicio de bomberos, que, en definitiva, es lo que por la diputación se quiere resolver. La ruptura del convenio no implicaba, según aclaró en la misma sesión el presidente de la diputación, que el servicio no se prestase.

Nevado aseguró que, al margen de la presentación del recurso, la intención del ayuntamiento y de la diputación es "llegar a un acuerdo sobre la liquidación definitiva" de las deudas pendientes entre las dos administraciones, y afirmó que "se irá a un posible consorcio". El presidente de la comisión añadió que en los presupuestos del 2006 se establece la elaboración de un plan de economicidad, que entre otros objetivos tiene la financiación de la deuda de 2,5 millones de euros que el ayuntamiento tiene con la diputación por el convenio, y añadió que además hay una partida de 429.373 euros para la anualidad de este año.

VOTACION El dictamen de la comisión no tuvo los votos del grupo socialista, que se abstuvo. Su portavoz, Lorenzo de la Calle, calificó de "peregrinos" los argumentos ofrecidos para presentar el recurso. Consideró que su interposición no puede argumentarse en que ninguna cláusula del convenio posibilita la ruptura unilateral del acuerdo, ya que estimó que la ley de contratos permite que "si una de las partes no cumple, se rescinda".

Para De la Calle, detrás del acuerdo de la comisión está "el pánico" del ayuntamiento de tener que "asumir el servicio con sus propios medios". El portavoz indicó que cuando la diputación rompe el acuerdo, una sesión en la que recordó que el PP no votó en contra, aún no estaban los presupuestos del 2006, "por lo que cuando la rescisión se decide --agregó-- no había una cantidad asignada para financiar" la deuda, ya que las cuentas municipales no se aprobaron inicialmente hasta mediados de enero.

De la Calle abogó "por no ir al recurso, que se interpone para ganar tiempo", y dijo que la solución es "sentarse a negociar".

El dictamen de la comisión contó con los votos a favor del PP, de IU y del independiente Felipe Vela, que precisó que el problema es "la interpretación del convenio" sobre si la cantidad a abonar por el consistorio es el 50% del personal de todo el parque, cuyo ámbito es superior al municipio, o el 50% que corresponda "al parque de Cáceres capital", y la dificultad de determinar "cuál es la deuda imputable" al ayuntamiento. Vela defendió la presentación del convenio de reposición, pero como parte "de una negociación" con la diputación que permita "determinar cuál es la deuda real, que probablemente sea algo inferior a esos 2,5 millones, y negociar el consorcio" que plantea diputación.