Había una vez un obispo que ejerció de constructor para facilitar viviendas a las familias necesitadas, y al final consiguió levantar 600 pisos ajustados a los bolsillos de las gentes más humildes. Aquel barrio se llamó como su promotor, Llopis Ivorra, y aquella constructora sigue hoy adelante reportando beneficios a los fines de la Iglesia, a través del centenar de locales arrendados en los bajos de estos bloques a precios no competitivos.

Las modernas iglesias de Aldea Moret, el Vivero, R-66, La Mejostilla y Nuevo Cáceres, la profunda reforma de la Casa de la Iglesia y la próxima apertura de la sede de Cáritas, todas estas obras, en mayor o menor medida, han recibido ayuda económica de la constructora creada por Llopis, que acaba de superar medio siglo.

"La iniciativa de crear pisos para las personas con menos recursos fue del propio Llopis. Por entonces Cáceres registraba una gran demanda social de viviendas", relata Ginés Rubio, uno de los responsables del patronato que gestiona hoy este legado. Corrían los años 50 y numerosas familias de los pueblos emigraban a la capital en busca de otro futuro, pero no podían permitirse el precio de las casas. Por entonces se impulsó la edificación de viviendas públicas, sindicales, del estado, de la diputación... El obispo decidió poner su grano de arena, compró terrenos en el actual barrio de Llopis y también adquirió alguna superficie en San Francisco. El 15 de marzo de 1954 fundó la Asociación Benéfica Constructora Virgen de Guadalupe, que se encargó de los proyectos, la cesión y gestión de estas viviendas.

Mantenidos y asegurados

"Se dieron plazos muy fáciles de 25 a 50 años para poder pagarlas. Todavía hoy unas 30 familias siguen abonando mensualidades, pero son muy baratas, de 4 a 6 euros, porque los intereses fueron realmente bajos. Cada piso le costó a sus inquilinos unas 130.000 pesetas", explica Ginés Rubio. Para ello se adoptó una fórmula especial, el denominado acceso diferido a la propiedad: los inquilinos firmaron un contrato privado con la asociación que establecía que serían titulares completos del piso cuando finalizaran su pago.

Mediante este contrato, la constructora benéfica también se ha obligado a correr con el mantenimiento, averías, seguros y otros gastos de cada piso hasta que pasara finalmente a manos de su inquilino, es decir, las casas han costado más de lo que mensualmente pagaban o aún pagan algunas familias. De ahí