El corte del agua en el poblado minero acabó ayer en la Fiscalía Provincial. El Grupo Municipal de Izquierda Unida denunció la situación que atraviesan los residentes del barrio, que llevan sin agua 23 días. La demanda fue presentada por Manuel Cruz Moreno, concejal y responsable de Asuntos Sociales de IU, que aseguró que se está privando de "un bien de primera necesidad indispensable para el desarrollo digno de la vida humana, y más en un lugar donde viven niños y personas mayores", subrayó.
En la denuncia se defiende que "en los cortes de agua por impago se realizan notificaciones y se activan por procedimiento de cobro en vía ejecutiva, o los preceptivos embargos antes de cortar el suministro", resaltando que, en este caso, el corte se hizo "sin ningún tipo de estas garantías previas".
Además, Margarita González-Jubete, concejal y portavoz de IU, añadió que "desde el artículo 173 al 177 del código civil se habla sobre una figura que se conoce como acoso inmobiliario, que es lo que consideramos que está ocurriendo". Asimismo, se refirió a la existencia de un Plan de Acción Urbanística del 2005 para la rehabilitación del poblado minero de más de 5 millones de euros que no se ha llevado a cabo.
Por su parte, el gobierno local acusó a IU de "politizar y judicializar" el corte. El portavoz del equipo de gobierno, Valentín Pacheco, manifestó que "IU está perjudicando, más que beneficiando, a los vecinos con esta querella" y añadió que "no se puede hablar de acoso inmobiliario cuando lo único que se les pide es que se den de alta en el contrato", concluyó.
