Si se aplicase al pie de la letra el convenio de 1988, el ayuntamiento debe asumir el coste de la mitad de la subida salarial pactada el pasado día 22 entre la diputación y los sindicatos para el colectivo de bomberos, pero sólo para los 65 que trabajan en el parque cacereño. Sin embargo, se trata de un convenio que no se está cumpliendo, al menos hasta ahora, cuando la diputación ha trasladado a las corporaciones de Cáceres y Plasencia el conflicto generado por las demandas salariales de los bomberos al reclamar su colaboración, ya que ambas por su número de habitantes están obligadas a tener su propio servicio local de bomberos, prestación que ahora está asumiendo la diputación provincial.
En el caso de Cáceres hay un acuerdo que regula la relación, pero la situación del año 1988 es muy diferente a la que hay en el 2005. Cuando hace diecisiete años el alcalde, Carlos Sánchez Polo, y el presidente de la diputación, Manuel Veiga, firmaron el convenio el consistorio tenía su servicio municipal de incendios con casi una treintena de bomberos.
El acuerdo se estableció cuando ambas administraciones decidieron aunar sus servicios para una mayor operatividad. Su titularidad pasaba a ser de la diputación provincial y el personal aportado por el consistorio quedaba en el parque de Cáceres, pero a efectos económicos seguía adscrito a la plantilla del ayuntamiento cacereño.
El convenio regula la financiación del servicio. Todo el material del parque cacereño, además de su mantenimiento, el sistema de comunicaciones y el combustible, corresponde a la diputación. El acuerdo también establece que todos los ingresos que generen las tasas que se cobren por los servicios que prestan los bomberos corresponderán a la diputación, en cuyos fondos se ingresarán íntegramente.
En cuanto al personal del parque, que es ahora causa del conflicto entre las dos administraciones, el convenio fija que la diputación y el consistorio sufragarán al 50% los gastos, descontando la parte proporcional que se recaude por la tasa de prevención y extinción de incendios.
El acuerdo regula en este apartado que en los tres primeros años de vigencia del convenio el consistorio pagaba la totalidad de los gastos de su personal, y además se añade que la sustitución de las bajas de los bomberos del consistorio corresponde a la institución provincial. Ahora sólo quedan 10 bomberos en la plantilla del ayuntamiento, en unas plazas que son a extinguir.
Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que el ayuntamiento seguía pagando la totalidad del sueldo de sus trabajadores, pero no la parte proporcional que según el convenio tenía que afrontar del resto de bomberos del parque. Esto ocurre al menos desde 1999, ya que la cantidad de 2,3 millones que ahora ha demandado la diputación es del periodo 1999-2004.
El futuro consorcio
El convenio beneficia al ayuntamiento porque, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, se ahorra la mayoría de los gastos de un parque de bomberos, a excepción del sueldo de sus diez trabajadores. Pero en el caso de Cáceres se dan otras circunstancias, y es que el parque cacereño, el único que hay para cubrir todo el sur de la provincia, no se circunscribe sólo al municipio, sino que tiene un ámbito de actuación que va desde Valencia de Alcántara hasta Guadalupe.
En el convenio firmado en el año 1988 se organizaba el servicio en una primera fase con un parque central en Cáceres, tres comarcales (Navalmoral, Coria y Plasencia) y cinco parques locales, en las poblaciones de Gata, Guadalupe, Hervás, Serradilla y Nuñomoral, aunque estas últimas cinco instalaciones no han llegado a crearse.
Ahora ayuntamiento y diputación volverán a negociar la financiación del parque de bomberos, contactos que en otras ocasiones han chocado con que el parque de Cáceres, además de local, cubre una superficie muy superior al municipio. El convenio está en vigor hasta el año 2018, aunque diputación ya ha adelantado su intención de la firma de un consorcio en el que participen los ayuntamientos de Cáceres y Plasencia, lo que podría provocar la denuncia del convenio y la renegociación de sus condiciones.
En esos contactos por ahora sólo hay una cifra sobre la mesa, los 2,3 millones que pide diputación del 50% de los gastos de personal no satisfechos, reclamación que se planteó dos días después de comprometerse la diputación a una subida salarial con los sindicatos que ponía fin a la crisis de los bomberos. Pero el consistorio también quiere llevar las cifras que la diputación adeuda al ayuntamiento por conceptos como la cofinanciación de programas de inversión y tributos municipales. Luego hay otros débitos, como el abono a diputación del recargo del IAE.
