Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita han ido experimentado en los últimos años un importante incremento debido a la crisis. De hecho, en el Colegio de Abogados de Cáceres se contabilizaron en todo el año pasado algo más de 5.000 solicitudes, "que ya son muchas", y en lo que va de este año ya se superan las 6.000, "y siguen subiendo".

Y es que la crisis ha llevado a muchos al paro y a ver empeorada su situación económica, convirtiéndose así en ciudadanos potencialmente beneficiarios de este derecho. Pero es que además de que ha hecho que haya más ciudadanos que pueden estar dentro del marco de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita --establecido en torno a los 15.000 euros por unidad familiar--, la crisis ha provocado también que haya más desahucios, despidos, reclamaciones de cantidad..., es decir, más litigiosidad.

Lo ponía así de manifiesto ayer a este diario Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía, tras reunirse con letrados de la ciudad para recabar sus impresiones y demandas en materia de justicia gratuita y turno de oficio.

"Son servicios a través de los cuales se garantiza el derecho de defensa a las personas con menos recursos y a los colectivos más vulnerables de la sociedad", motivo por el cual, señaló Nieto, es precisamente ahora, cuando más ciudadanos hay que por la crisis carecen de recursos, cuando estos servicios concretos más se requieren. Y es por ello, añadió, la radical negativa que en todo momento ha mostrado la abogacía a que amparándose en la crisis se pueda hacer algún tipo de recorte en este servicio, "pues estamos hablando de derechos fundamentales del ciudadano".

Exigen que no sufran recortes mientras los colegios de abogados, con la gestión de un mayor número de asuntos, y los propios profesionales de oficio, mal pagados y con pocas coberturas, están asumiendo la sobrecarga de trabajo "sin merma alguna de su calidad".