Cuatro vecinos de Cáceres --entre ellos un joven de nacionalidad francesa-- fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial por un presunto delito de tráfico de drogas, con las circunstancias agravantes de venta en establecimiento abierto al público, ya que se les acusa de vender droga en un bar situado en la zona de La Madrila, y facilitación a menores de edad.

Los hechos por los que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados tuvieron lugar entre finales del 2003 y mayo del 2004. A Rafael A. E., regente del bar Atocha 13, situado en la calle Doctor Fléming 6, se le acusa de utilizar el local para la venta de drogas, fundamentalmente cocaína y hachís, extremo que ayer negó durante el juicio, alegando que la droga que se incautó en su establecimiento --430 gramos de hachís y restos de cocaína-- eran para consumo propio.

A Juan Antonio C. H., Miguel L. L. y Gwendal M., por su parte, se les acusa de colaborar en esta ilícita actividad. Al primero, que trabajaba esporádicamente en el bar como camarero, por facilitar las papelinas a los clientes; al segundo se le imputa la preparación de las papelinas y su dispensación desde una habitación situada tras la barra del bar y comunicada con ésta por un pequeño hueco oculto por un tablero para colocación de llaves; y al tercero de captar a clientes a través de llamadas con el móvil.

Todos negaron esta actividad y se declararon inocentes del delito de tráfico de drogas.

CONTRADICCIONES Cinco testigos, entre ellos un menor, declararon en el juicio. Todos ellos habían sido interceptados por la policía, y a todos se les intervinieron papelinas de cocaína, durante los servicios de vigilancia que del local Atocha 13 realizaron durante varios meses.

Tan sólo uno de ellos reconoció haber comprado la papelina en este local e identificó al regente del mismo como la persona que se la vendió. Las declaraciones del resto fueron dispares, pero en todos los casos negaron haber comprado la droga en el Atocha 13, pese a que en el caso de algunos esta declaración contradecía la prestada en su día en la comisaría y en el juzgado.

El fiscal consideró probados los hechos, y por ello solicitó para los acusados 42 años de prisión --12 para el regente del local y 10 para cada uno de los otros tres--. También había pedido en sus conclusiones provisionales la clausura definitiva del bar Atocha 13, pero en el juicio retiró esta petición "al no estar demostrado que exista vinculación con los dueños del local".

Por su parte, las defensas de los acusados pidieron su libre absolución "por falta de pruebas necesarias para su condena".