La deuda del ayuntamiento de obligaciones pendientes de pago reconocidas en su presupuesto se ha ido reduciendo en los últimos años hasta llegar a 11 millones al cierre de 2016. Este primer bloque de la deuda local son débitos que en su mayoría proceden de los capítulos 2 (bienes y servicios -muchos en concesión con empresas-) y 4 (transferencias a otros organismos y subvenciones) y que son de 2016 y de ejercicios anteriores (en el avance hecho público de la liquidación de dicho año no se detalla qué cantidad es de 2016 y cuál de otros años).

Este es el mejor resultado de los números presentados el pasado 16 de marzo de la liquidación de 2016, ya que en los últimos años lo habitual era que estuviera por encima de 30 millones. Por ejemplo, hace una década, al cierre de 2007, fueron 31,8; y en 2006, 34,6.

En 2013 se bajó de la barrera de los 30 millones y se dejó en 24. En los tres años siguientes se redujo: 21 en 2014, 17,5 en 2015 y 11,1 en 2016. Cuando se cerró 2015, una de las causas apuntadas por los servicios económicos del consistorio para explicar la reducción fue que había disminuido el gasto público por una menor cobertura de ingresos, se había sido más cauteloso en la previsión de la recaudación y por tanto del gasto para evitar desfases producidos en años anteriores. No obstante, hasta que no se hagan públicas las conclusiones de la intervención municipal no se conocerán al detalle las causas de la mejora de 2016 que ha dejado este bloque en las cifras más bajas de los últimos años.

Esa reducción de las obligaciones pendientes de pago del presupuesto es uno de los factores que inciden en que por segundo año seguido se cierre con un remanente positivo de tesorería para gastos generales. En los once años precedentes se terminó con déficit. En 2016 ese remanente fue de 7,8 millones (5 más que en 2015). La Ley de Estabilidad Presupuestaria permite que este remanente se pueda destinar al segundo bloque de la deuda que tiene el ayuntamiento: la de los acreedores por operaciones de pago pendientes de aplicar al presupuesto, deuda que al cierre de 2016 era de 5,5 millones, un débito en el que no ha habido grandes variaciones respecto a 2015, cuando fue de 5,3 millones (entonces eran en su mayoría deudas con empresas concesionarias y del servicio de los bomberos).

EL TERCER bloque de la deuda es la que se tiene por operaciones de crédito, cuatro con bancos y una con el Ministerio de Industria. Esta deuda se va pagando en los periodos de amortización concertados. Al cierre de 2016 ascendía a 21,5 millones y se repartía entre operaciones para inversiones, para atender deuda con proveedores y para el pago del principal del justiprecio de expropiaciones fijado en sentencias. En este bloque se ha reducido a la mitad la deuda que había al comienzo de 2010, cuando llegó a ser de 45 millones a causa de los seis préstamos concertados en 2009 para pagar la deuda de los años anteriores, en su mayoría de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

La deuda del ayuntamiento al cierre de 2016 era de 38,1 millones, es el resultado de la suma de los tres bloques citados. Se ha reducido a la mitad con respecto a la que había al comienzo de 2010, cuando se hizo la gran operación de saneamiento para atender toda la deuda que estaba sin aplicar al presupuesto.

Pero esos 38,1 millones no es el total del débito. Hay un cuarto bloque que ha sido actualidad durante los últimos días. Se trata de la deuda de sentencias (con procesos judiciales abiertos o en su fase final) que los servicios económicos cuantifica en 9 millones. La mitad procede del débito con la anterior empresa de los autobuses urbanos (Busursa) y la otra mitad es de intereses de expropiaciones. Las dos terceras partes de esta deuda se va a atender con una nueva operación de crédito que por importe de 6 millones se va a concertar con el fondo de impulso económico del Ministerio de Hacienda.