Los servicios técnicos seguían trabajando ayer en el inmueble de la calle Juan Ramón Jiménez en el que una fachada lateral se vino abajo en la noche del domingo. Trataban de determinar las causas que provocaron que ese muro exterior cediera, dejando el muro interior del edificio al descubierto e incluso distintos agujeros en las viviendas colindantes con este extremo del bloque.
Tras el análisis preliminar, ayer se llevó a cabo un análisis más detallado de los técnicos de Disciplina Urbanística, desde primera hora de la mañana. Se determinó entonces que la mayoría de las 16 familias desalojadas la noche anterior podrían volver a sus casas ayer mismo, aunque no las que ocupan las 4 viviendas cuyas terrazas son colindantes con el muro que se vino abajo.
"Los servicios técnicos desaconsejan que vuelvan estas cuatro familias hasta que no esté totalmente reconstruida la fachada que se ha caído", señaló la alcaldesa Elena Nevado, que compareció en rueda de prensa para dar a conocer las primeras conclusiones de los expertos municipales.
"Se van a poner a disposición de los vecinos todos los informes técnicos para ayudarles en la labor de reconstrucción de sus casas", dijo la responsable del ejecutivo cacereño que nada más conocer lo sucedido el domingo se trasladó hasta Mejostilla. Además, técnicos municipales van a llevar a cabo catas en los bloques colindantes que son de la misma promotora, con el fin de "garantizar que no hay peligro", añadió. En todo caso "aparentemente", matizó, tanto las fachadas como los locales de la zona no parecen presentar ningún peligro, aunque se va a trabajar para completar un examen técnico "que dé tranquilidad y seguridad".
El bloque de viviendas dañado pertenece al residencial Lope de Vega y es un inmueble de pisos de protección oficial, edificado por Procasa, empresa de la que tiene el 100% la promotora Provivesa. "El precio lo tasa la administración pública, pero es una relación privada entre promotora y compradores por lo que tendrá que responder la constructora, como marca la ley", señaló sobre las posibles responsabilidades.
"No es normal que toda la fachada cayera por el viento. Tiene que haber varias causas y distintos factores. Eso es lo que están estudiando nuestros servicios técnicos", sentenció la alcaldesa.
Esos informes se trasladarán a la comunidad, que los incorporará a la documentación de la demanda interpuesta contra la promotora y el arquitecto técnico por daños generales en el edificio. Con todo ello, el juez deberá determinar de quién es la responsabilidad de los daños y por tanto quién deberá costear las actuaciones de mejora. Entretanto, el administrador del edificio contrató ayer a Construcciones Abreu para llevar a cabo la actuación de emergencia, que se inició por la tarde. Comenzaron a taparse los huecos y hoy se retirarán escombros y se iniciará la impermeabilización de la fachada expuesta, confirmó a este diario Alfonso Abreu, responsable de la empresa.
