El fallecimiento en la mañana de ayer en Arroyo de la Luz de Sofía Tato, de 41 años, es el cuarto caso en la última década de una mujer que muere a manos de su marido o pareja en la provincia de Cáceres.
En mayo de 2006, Antonia Pérez, de 37 años, fue degollada por su pareja, que se entregó a la policía y que tras el juicio fue condenado a 22 años de prisión. Ocurrió en Cáceres. La víctima, natural de Casar de Cáceres, tenía una hija de 16 años cuando falleció y había roto con su excompañero seis meses antes de su muerte.
En abril de 2009, Isabel Augusto Bonito, de 54 años y vecina de Las Casiñas, una pedanía de Valencia de Alcántara con apenas 80 habitantes, resultó muerta a manos de su marido, José María Guapo Berrocal, de 66 años, que fue detenido por la Guardia Civil horas después en la misma casa donde se produjeron los hechos. Ambos, que residían en Madrid desde hacía varios años, llegaron a la pedanía valenciana días antes de la muerte de ella.
La pareja, según los datos que entonces se hicieron públicos, había pasado por momentos difíciles en su relación hasta el extremo de que contra él había dictada una orden judicial de alejamiento para proteger a Isabel. De hecho, los dos residían en Madrid en domicilios diferentes, ella en Humanes y él en Vallecas, según informó entonces el Ministerio del Interior. A pesar de esta situación, la víctima decidió dar una nueva oportunidad al presunto maltratador e intentar un nuevo acercamiento, que finalmente desembocó en un desenlace trágico.
En marzo de 2015, Tamara Simón, de 23 años, falleció tras ser arrojada de un vehículo en marcha en la incorporación de la Ex-100 a la Autovía de la Plata (A-66), en el término municipal de Cáceres. Su marido fue detenido y acusado de un delito de homicidio doloso.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado mes de marzo a su marido, Jesús Jiménez, a 17 años y seis meses de prisión. En la sentencia de la audiencia se condenó al procesado por la comisión de un delito de homicidio, un delito de violencia física o psíquica habitual y otro delito de amenazas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid una revisión de su sentencia para aclarar los términos en los que se produjo la muerte de Tamara Simón.
