La Fiscalía trasladó ayer formalmente al juzgado de guardia la denuncia por el caso de los presuntos malos tratos psicológicos a menores acogidos en el hogar infantil Julián
Murillo, dependiente de la Junta de Extremadura, que le habrían infringido cuatro educadores. Ahora se tendrá que determinar qué juzgado es el competente para investigar los hechos y concluir si existen indicios delictivos suficientes o no para formalizar una acusación.
Fue la Junta de Extremadura la que puso el caso en manos de la Fiscalía tras recibir una denuncia de trabajadores sobre la supuesta "desatención" o "falta de cuidados" que estaban cometiendo algunos trabajadores dependientes de la diputación provincial, sin que se descarten también malos tratos físicos. En el hogar infantil conviven dos plantillas, una dependiente de la Junta y otra de la istitución provincial.
La Fiscalía, tras tomar declaración a los denunciantes y recibir el informe sobre la investigación interna abierta por la Junta, decidió trasladar las diligencias al juzgado para que se investiguen en profundidad los hechos sin dilación.
