El concejal del distrito de Aldea Moret, José Joaquín Rumbo de la Montaña, acudirá el 12 de marzo, a las 11.30 horas, al Juzgado de Instrucción número 4 a declarar en el proceso judicial, aún en fase de diligencias previas, que se sigue por el caso del bar de Aldea Moret . Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando el ayuntamiento desalojó por impago a los adjudicatarios Pascual Pardo y Margarita Mir del bar de la sede vecinal. Estos presentaron una denuncia por vía penal, que ahora deberá resolverse en los juzgados.
Según indicó ayer Antonio Luis Díaz, abogado de la acusación, la presidenta de la asociación de vecinos de Santa Bárbara, Guadalupe Iglesias, suscribió un contrato con Pascual Pardo para que regentara el bar de la sede vecinal, que es propiedad municipal. Díaz explica que problemas personales entre ambas partes propiciaron el que la asociación y el consistorio cortaran la luz en la sede. Según el abogado, este corte se produjo el 8 de octubre, pese a que el recibo no cumplía hasta el día 10 de noviembre.
El letrado asegura que se produjo "un caso de acoso y derribo a mis defendidos. El ayuntamineto llevó dos camiones y trasladaron todas sus dependencias a los depósitos municipales. Arruinaron su economía y reputación".
El abogado indica que el concejal está acusado de un delito de coacciones y que, como funcionario público, "ello se podría transformar en un delito de prevaricación, lo que haría incluso peligrar su permanencia en las próximas listas municipales". El letrado reclama 10 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil a la presidenta de Santa Bárbara y al ayuntamiento.
LA POSTURA MUNICIPAL
Joaquín Rumbo explicó ayer que fue Guadalupe Iglesias --que ya declaró el 10 de febrero-- quien alquiló el bar de la sede vecinal (que llevaba mucho tiempo cerrado) sin autorización del ayuntamiento. La presidenta lo alquiló a este matrimonio, que tenía una tienda de ropa de niños en el barrio. Según el concejal, los adjudicatarios trasladaron a la sede las estanterías de su tienda e incluso Margarita Mir "cambió las cerraduras y se hizo dueña de la sede municipal".
Rumbo dijo que cuando el consistorio comprobó que "se estaba haciendo un uso diferente de la sede, la sección de Patrimonio envió un escrito, pero no hicieron caso y entonces procedimos al desalojo". El concejal recordó que fue Iberdrola la que avisó al ayuntamiento de los impagos y que por eso cortó el suministro.
