Los desalojos del bloque C de la calle Ródano, el más conflictivo de la barriada cacereña de Aldea Moret, se realizarán previsiblemente a partir del próximo mes de octubre, según adelantó ayer a este diario la concejala de Asuntos Sociales y viceportavoz del equipo de gobierno, Basilia Pizarro. El vaciado del inmueble fue anunciado por el alcalde, José María Saponi, el pasado 26 de abril poco después de que apareciera en una vivienda el cuerpo de una mujer emparedada. El trágico suceso fue el detonante de un torrente de quejas vecinales que exigían la regularización de un edificio donde residen 48 familias aunque solo 18 lo hacen de forma legal.
El bloque C, compuesto por viviendas sociales que gestiona directamente el consistorio, lleva años siendo presa de la inseguridad y el abandono. El lamentable estado en que se encuentra llevó al alcalde a determinar su desalojo y a ofrecer la alternativa de otra vivienda a los adjudicatarios que residen legalmente en los pisos. Desde el pasado mes de abril el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) lleva trabajando en este asunto. De hecho, la concejala mantuvo el miércoles una reunión con Saponi en la que informó al alcalde de un problema cuyo desenlace parece algo más próximo.
Pizarro comentó que la semana que viene volverá a mantener un encuentro con los técnicos municipales que se encargan de tramitar el arreglo de las nuevas viviendas donde los inquilinos legales del bloque C serán trasladados. La viceportavoz comentó que se trata de pisos a los que renunciaron sus primeros adjudicatarios y que se encuentran repartidos en distintos edificios del barrio, también dependientes del ayuntamiento cacereño, como los bloques A y B y los situados en la plaza Primero de Mayo y en la calle Río Tíber.
La concejala indicó que esos traslados deben realizarse "de forma relámpago" para causar el menor perjuicio posible a los inquilinos: éstos tendrán que dejar su casa pero entrarán en otra que estará consiguientemente reformada. La edil añadió que los técnicos también han realizado los informes sociales pertinentes respecto a la situación económica de los inquilinos y aseguró que el IMAS solventará los problemas relacionados con la subrogación a una nueva hipoteca o cualquier fleco legal relacionado con esta coyuntura.
PLAZOS La responsable del IMAS mostró su interés en que los desalojos se ejecuten cuanto antes. "Si es en octubre, mejor que mejor. Pero antes de fin de año está claro que esto estará solucionado", indicó la edil.
Ya el pasado 16 de junio, la junta de gobierno local vio en su sesión de los viernes un informe jurídico emitido por la sección de Patrimonio en torno al problema existente en estas viviendas de promoción pública. En ese momento, la concejala comentó que los informes sociales de cada inquilino ya estaban resueltos y que el desalojo se realizaría "con carácter de urgencia". Y añadió: "No quiero dar fechas", aunque a este diario aseguró: "Quiero agilizarlo de la mejor manera posible, pero no depende solo de mí, yo lo hubiera hecho ya, pero son trámites largos. Confío en que en este mes se resuelva porque es una cosa prioritaria. Es una situación problemática y estas personas tienen necesidad de salir de allí".
Uno de los primeros pasos que dio la concejala fue precisamente encargar a los servicios técnicos del ayuntamiento un estudio concienzudo de los fallos del edificio, que se construyó en 1987. Ese informe deberá arrojar una valoración estimativa de cuánto podría costar su arreglo. Aún se desconoce si el inmueble se arreglará o se derribará.
