El Ayuntamiento de Sierra de Fuentes ha recurrido a la justicia para conseguir la anulación del acuerdo de pleno que aprobó la constitución de una sociedad mixta para el desarrollo de 80 hectáreas en el municipio.

Dicha sociedad mixta la constituyó la corporación municipal que tenía Sierra de Fuentes antes de la moción de censura con la constructora cacereña Abreu. El fin, desarrollar esas 80 hectáreas, teniendo ya previstas la sociedad actuaciones urbanísticas en dicho terreno que ascendían, según el informe pericial aportado al juzgado, a un montante total de 180 millones de euros (30.000 millones de las antiguas pesetas).

La corporación actual busca ahora la anulación de dicha sociedad. Para ello, según ha podido saber este diario por fuentes jurídicas, ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres solicitando la anulación.

"Lo que pretende la actual corporación es anular una sociedad que está actualmente oficialmente constituida y registrada, toda vez que contó con el oportuno y exigido acuerdo del pleno municipal y el informe favorable de la Junta de Extremadura", algo que, indicaron las fuentes consultadas por EL PERIODICO, "podría suponerles muy serias consecuencias".

NUEVO CASO Y es que esta pretensión, añadieron las mismas fuentes, podría conllevar, "es más que probable que así sea", un nuevo procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes por parte de la constructora cacereña, y la petición de indemnizaciones, en este caso, alcanzarían cifras astronómicas. --Abreu, como ya publicó en su edición de ayer este diario, ya le ha demandado judicialmente para reclamar una indemnización de casi 2,5 millones de euros por la imposibilidad de desarrollar en el municipio el proyecto de 40 viviendas que en su día ganó en concurso público--.

En este caso el consistorio ha alegado que no puede dar a la constructora Abreu la licencia de obras porque sería ilegal, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el plan de ordenación urbanística del municipio y la calificación de los terrenos ha cambiado. "Pero es que esto mismo ocurriría con las 80 hectáreas en las que tenía previsto actuar la sociedad mixta Ayuntamiento-Abreu, por lo que estime o no el juzgado el recurso del ayuntamiento, se anule o no la sociedad, se estaría ante el mismo caso y la constructora se vería aún más perjudicada que con el otro proyecto".