Los destrozos que provocó la fuerte riada del desembalse del Guadiloba el pasado 6 de noviembre en las fincas situadas aguas abajo han sido cuantificados provisionalmente en unos 600.000 euros (cien millones de pesetas), según el borrador del informe pericial sobre los daños que elabora para los afectados la consultora de ingeniería y arquitectura Ogesa de Badajoz.

Este informe, que aún está por cerrar de forma definitiva, será la base para tramitar una demanda judicial contra el ayuntamiento o la empresa Canal de Isabel II, que explota el pantano, por las pérdidas que sufrieron los propietarios de al menos ocho fincas ubicadas en el cauce del río. Estos perjudicados acusan al consistorio y a la empresa del agua de estos daños, puesto que consideran que se podía haber actuado con mayor previsión, "no que se abrieron las seis compuertas de golpe, sin avisarnos y provocando una auténtica riada", en palabras de Antonio Leal, uno de los afectados.

Entre las dos de la madrugada de ese domingo hasta las nueve de la noche del mismo día, se desembalsaron doce mil millones de litros de agua y el propio Antonio Leal quedó atrapado en el agua durante tres horas al entrar en su parcela para tratar de salvar el ganado. El agua anegó las fincas y la fuerza de la corriente arrastró a decenas de animales, maquinaria agrícola, todo tipo de enseres, construcciones y cultivos.

SOLUCION DIALOGADA Las pérdidas se han tasado ahora en unos 600.000 euros. Los hortelanos tratarán de llegar a un acuerdo económico con el ayuntamiento o la empresa Canal de Isabel II para que se les indemnice y, de no conseguir resultados, se iniciará la demanda judicial. "Queremos primero agotar la vía del diálogo, daremos un plazo máximo de quince días para que nos den una respuesta, si no recurriremos a los tribunales", explica Fabriciano de Pablo, abogado de los afectados.

Tanto el ayuntamiento como Canal de Isabel II han manifestado, por el contrario, que lo ocurrido no se pudo evitar. El gerente de Canal, Gerardo Díaz, insiste en declaraciones a este diario que el 6 de noviembre se actuó "correctamente" y recuerda que la titularidad de la presa es municipal. "Somos conscientes de que hemos hecho las cosas bien. Por cortesía, si vienen a hablar con nosotros, los recibiremos, pero ya está", concluye.

El ayuntamiento, por su parte, ha iniciado esta semana un estudio para solicitar al Gobierno central que declare zona catastrófica el territorio afectado por la riada y los destrozos. El fin es obtener ayudas económicas para los damnificados.