El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 ha desestimado el recurso interpuesto por el secretario general del Ayuntamiento de Cáceres, Manuel Aunión, que reclamaba 30.000 euros al consistorio en concepto de indemnización por los daños morales que considera haber sufrido a raíz de la querella que se presentó contra él en enero de 2011 por una presunta falsedad en documento. La querella fue archivada tras pedirlo el ayuntamiento.

En la sentencia, que ya es firme, el juez entiende que el recurrente no ha aportado ninguna prueba "en orden a acreditar el daño moral que dice haberle causado la administración municipal" y añade que no puede presumirse la existencia de ese daño "por el solo hecho de haberse presentado contra él una querella penal". Le impone además el pago de las costas procesales.

En el recurso interpuesto por Aunión se estimaba que el ayuntamiento había causado un daño moral porque había efectuado "una serie de actuaciones que le perjudicaron gravemente".

Los hechos tuvieron lugar en enero del año 2011, cuando el ayuntamiento presentó una querella contra el secretario municipal por un presunto delito de falsedad en un documento público, en concreto por la presunta falsificación de la firma de la alcaldesa de la ciudad en una resolución de julio de 2010, en la que se le concedía a Manuel Aunión la prórroga que había solicitado para seguir en su puesto de secretario general de la corporación municipal una vez cumplida la edad de jubilación.

En un auto del juzgado de instrucción número 4, que se dictó unos días después, el juez decidió su archivo, después de que el letrado del ayuntamiento solicitara el archivo de las actuaciones, lo que suponía que el consistorio renunciaba a seguir adelante con el proceso.

PRORROGA En otra resolución de la alcaldía, con fecha de diciembre de 2010, se le denegaba a Aunión la prórroga. De esa decisión se derivó otro proceso judicial que acabó con una sentencia de junio del 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, y que anuló la resolución firmada en diciembre y reconoció al secretario su derecho a la prórroga. Este se materializó a partir de octubre del 2011, diez meses después de que abandonara el ayuntamiento al cumplir los 65 años.

A raíz de todo eso, el secretario municipal instó la iniciación de un expediente de responsabilidad patrimonial solicitando ser indemnizado con 30.000 euros.