TLta actualidad de este siglo XXI nos hace pensar, que la historia ha enseñado poco a estadistas y gobernantes sobre injusticias del pasado que nunca deberían volver a suceder. Viendo las aglomeraciones de personas que huyen de las guerras integristas religiosas de Oriente Medio, vuelven a la memoria las caravanas de mujeres, niños y ancianos que, en algunos momentos de la historia, se vieron obligados a abandonar haciendas y pasado para poder vivir en paz.

Un caso que se parece mucho a la situación que actualmente se vive en las fronteras orientales de Europa, fue el trato dado a los moriscos en España a finales del siglo XVI. La intransigencia religiosa les obliga al levantamiento alpujarreño entre 1568 y 1571 y su derrota, los convierte en personas a las que hay que trasladar a otras tierras de la corona. Este desplazamiento morisco afecta a villas como Cáceres, a la que son deportados un total de 310 moriscos, de los cuales llegan vivos a la villa 163, casi la mitad del grupo había perecido en el camino debido a las calamidades y sufrimientos derivados del traslado. En la ciudad quedaran concentrados en el arrabal, separados de la población por el Río Verde, que en aquellos tiempos demarcaba al desarrollo urbano. Allí se concentraron los moriscos dando nombre a una parte de la villa, "la calle de los moros", tal como aparece en los documentos de la época. Fueron considerados vecinos de segunda clase, sujetos a la estricta vigilancia de la Inquisición, autentico órgano de represión y control del pensamiento religioso de la sociedad. En 1584, por decisión real, se ordena al corregidor que disponga el reparto de los nuevos moriscos que llegasen a la villa entre los pueblos y lugares cercanos, que los muchachos "entren de criados con amos a los que sirvan y que no vivan con los demás moriscos" y que las muchachas "entren a servir en casas honradas de cristianos viejos" Era la manera que tenía la corona para que la población morisca quedase asimilada.

La población morisca cacereña se desarrolló con cierta celeridad, según el censo de moriscos extremeños que realiza la Inquisición de Llerena, en 1594 habían alcanzado los 290 miembros. Esta minoría, carente de poder, se integra en la villa como hortelanos o como sirvientes. Cuando se decreta la expulsión de los moriscos de Extremadura en julio de 1610, su partida supone una perdida importante de mano de obra para la ciudad, lo cual obliga al procurador general, Jerónimo de Andrada , a solicitar a la corona que no sean expulsados los moriscos cacereños porque "son pocos y la mayor parte de ellos son pobres y viejos" y que todos ellos se ocupan de "oficios necesarios y forzosos del beneficio de esta república y que nunca han sido castigados por el Santo Oficio"

La expulsión morisca, como anteriormente la judía, son ejemplos de cómo la intolerancia religiosa ha fomentado pueblos errantes y tragedias colectivas.