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El apunte

La deuda de IBI de la Junta

 

Las administraciones son deudoras de otras administraciones. Le pasa al ayuntamiento con la diputación provincial a causa de la deuda que se arrastra por el servicio de bomberos y le ocurre a la Junta con el ayuntamiento por impuestos, principalmente a causa del IBI de pisos de promoción pública que son titularidad de la administración autonómica (la mayoría de las casi dos mil liquidaciones que según la última estimación del organismo de Recaudación están pendientes de pagarse son de este tipo de bienes).

El ayuntamiento reguló hace dos años su débito con la institución provincial a través de un acuerdo que posibilita que se pague en diez años, en el periodo 2017-2026, una deuda que asciende a 6,6 millones (se pagan 665.000 euros anuales). Cuando en mayo de 2015 se formalizó el acuerdo, el débito del ayuntamiento con la diputación era de 8,3 millones (6,9 del servicio de bomberos y 1,4 del recargo del IAE que corresponde a la diputación provincial), mientras que la institución provincial adeudaba al ayuntamiento 1,7 millones. Se compensó y quedaron 6,6 millones de euros a pagar en diez plazos anuales.

Pero ese acuerdo, en cuya firma ayudó que entonces ambas administraciones estaban dirigidas por el mismo partido político, no ha puesto fin a las diferencias entre estas dos administraciones por el débito a causa del servicio de bomberos. El ayuntamiento ha anunciado la interposición de recursos contra cantidades demandadas por la diputación, suman más de un millón de euros, de los años 2014, 2015 y 2016 de los bomberos.

Una fórmula parecida a la que hace dos años acordaron ayuntamiento y diputación es la que se quiere aplicar ahora por parte de la Junta. En este caso no es solo para el Ayuntamiento de Cáceres, sino para todos los de la región, aunque el principal importe de la deuda es con las grandes ciudades (donde más pisos sociales e inmuebles de uso sanitario tiene la administración autonómica). Lo que se pretende es la firma de un protocolo con los organismos de Recaudación de las dos diputaciones, que son las que gestionan la recaudación de los tributos de la mayoría de los municipios de la región.

LA FIRMA de este protocolo o acuerdo ya se anunció el pasado noviembre y ahora, tras la última reclamación del ayuntamiento que aún debe aprobarse por el pleno de la corporación local, se ha reiterado por parte de la Junta que se sigue con la intención de firmarlo y que en cinco anualidades se pueda pagar la deuda pendiente, que en el caso de Cáceres se estimó hace un año en 3,8 millones, aunque tras una depuración hecha este mes, con liquidaciones más precisas, y los pagos y compensaciones efectuados en el último año por la Junta, esa deuda ha quedado en 2,2 millones, de los que 253.800 euros corresponden a recargos. Ahora esa cantidad debe remitirse a la Junta para su revisión y si coincide con su información sobre el débito. Cuando hace un año el ayuntamiento requirió a la Junta el pago de 3,8 millones, la administración autonómica mostró su desacuerdo con algunas cantidades reclamadas.

Pero el problema no es solo la deuda que se arrastra, sino el pago de cada anualidad para que no se generen nuevos débitos. En Cáceres la Junta tiene que pagar tributos, en su mayoría del IBI urbano, por importe de 950.000 euros al año (casi la quinta parte de esta cantidad corresponde a los dos hospitales --Virgen de la Montaña y San Pedro de Alcántara-, pero el mayor importe es el de los recibos de las viviendas sociales). El otro problema es que la deuda no prescriba, como los más de 3.000 recibos por importe de medio millón de euros del periodo 2003-2011 que prescribieron.

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