Cumple un cuarto de siglo la Convención de los Derechos de la Infancia. Es momento para reflexionar sobre la validez de sus propósitos y sobre si realmente los esfuerzos que hacemos son apropiados para las demandas y necesidades que tienen los niños hoy día. En España la crisis está provocando el incremento de las tasas de pobreza infantil a índices desconocidos hasta la fecha. Estamos condenando a nuestros niños a un futuro poco esperanzador y a un presente demoledor para su progreso, su educación y para el entendimiento de todo lo que le rodea.
La infancia convive con los efectos de crisis económica y de los recortes. En buena medida también los padece. Las consecuencias de la inacción del día a día de quienes hoy día gobiernan nuestras instituciones no las veremos seguramente a corto plazo, pero las habrá.
Tendemos, por otra parte, a considerar la infancia como sujetos pasivos de una sociedad que les relega a un plano de actuación secundario, a unas funciones muy reconocibles y estereotipadas. Recientemente el Ayuntamiento de Cáceres ha acordado por unanimidad solicitar a Unicef la renovación del título de Ciudad Amiga de la Infancia que fue un logro del anterior equipo de gobierno y que debe ser una prioridad política más que una pose con la que sacar pecho.
En este sentido, nuestros niños y niñas no son ciudadanos que puedan decantar con su voto el color o la ideología de un gobierno. Sin embargo, son mucho más. Son el altavoz de lo que sucede ahí fuera y que nos trasladan desde una mirada ingenua, transparente, limpia y sobre todo llena de un sentido común muchas veces inusitado.
De ahí que sea fundamental cimentar nuestro trabajo con la infancia a través de la escucha y de políticas activas de participación. Solo así seremos capaces de hacerles partícipes de nuestra sociedad y de lo que les rodea. Estamos en deuda con nuestros niños, con nuestra infancia, esa a la que de vez en cuando nos retrotraemos en nuestros recuerdos pero que por nosotros ya pasó.
