El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, Gonzalo Pascual, contrataron en febrero del 2010 un préstamo con Banesto, que incluía la creación a favor del banco de un derecho real de prenda sobre todos los derechos de crédito (pasados pendientes de cobro, presentes y futuros) que ostenta la empresa de los autobuses frente al ayuntamiento cacereño por la concesión de este servicio, según se recoge en una resolución de la alcaldía del 5 de julio.

Entre esos derechos de crédito figura la deuda pendiente de pago por parte del ayuntamiento por el déficit de los autobuses urbanos. Esta deuda, como prenda, quedaba como garantía frente al préstamo. Autobuses Urbanos del Sur (Busursa) es la empresa que presta el servicio y la concesión del autobús pertenece al grupo de Ferrán y Pascual.

El edil de IU, Santiago Pavón, se refirió ayer al contenido de la resolución durante el pleno ordinario que celebró la corporación local. Fue en el apartado de ruegos y preguntas, cuando pidió a la alcaldía que se celebrase una junta de portavoces municipales para informar de lo tratado en la reunión del pasado día 15 entre Gerardo Díaz Santamaría, consejero delegado de Trapsa (empresas del sector transporte del grupo de Ferrán y Pascual) e hijo de Ferrán, con la alcaldesa, Carmen Heras, y técnicos municipales.

RESPUESTA A BANESTO La alcaldía resolvía en su resolución que se notificase a Busursa y a Banesto que el ayuntamiento no tendría en cuenta cesión o pignoración alguna sobre los derechos de crédito que pudiera ostentar Busursa por su gestión de los autobuses, unos derechos de crédito que proceden del beneficio industrial por el trabajo de la empresa y de las cantidades que el ayuntamiento debe poner para atender el déficit del autobús.

Esta notificación a Banesto y a la empresa era en contestación a una comunicación anterior de la entidad bancaria, que detallaba que el 16 de febrero del 2010 se suscribió en escritura pública un contrato de préstamo, el cual incluía a favor de Banesto un derecho de prenda sobre la totalidad de los derechos de crédito que ostenta Busursa frente al ayuntamiento por la concesión.

Según se detalla en la resolución, hay dos razones por las que el ayuntamiento se negaba a tener en cuenta cualquier cesión o pignoración. La primera era que las dos personas que constituyeron ese derecho de prenda, Díaz Ferrán y Pascual, no habrían demostrado sus poderes para ofrecerlos como garantía ante la entidad bancaria, ya que en el contrato de la concesión del servicio de autobuses urbanos es José Manuel Domínguez el que tiene los correspondientes poderes.

La segunda razón que se da en la resolución es que "parece tratarse de un contrato de préstamo personal" firmado entre Ferrán y Pascual con Banesto, por lo que si se aceptase supondría que derechos de la concesión del servicio municipal de autobuses atenderían a obligaciones personales ajenas a los fines y al objeto de la concesión del servicio.

LA DEUDA Uno de los asuntos tratados en la reunión que se celebró el pasado día 15 fue la deuda que el ayuntamiento mantiene con la empresa, que cifra en casi 7 millones de euros el débito aún pendiente de pago por el déficit de los autobuses de 2007, 2008 y 2009, cifra a la que habría que sumar lo pendiente del 2010. El gobierno no reconoce ninguna cifra hasta verificar las cantidades de la empresa.

Preguntado sobre si la deuda se ha usado como prenda o aval ante una entidad bancaria, Díaz Santamaría aseguró no saber nada de ese asunto, que será una de las cuestiones a tratar en las próximas reuniones de la empresa y el ayuntamiento. En la reunión del día 15 ya se habló algo de este tema, sin profundizar.