E n los últimos meses del 2017 y en los primeros del 2018 se han repetido las cantinelas de que los presos ‘preventivos’ catalanes están en la cárcel por haber atentado gravemente contra el ‘Estado de Derecho’, mediante la ‘subversión’, la ‘rebelión’, la ‘prevaricación’ y la desobediencia a las leyes. Todos ellos delitos ampliamente probados ante el juzgado de turno y ante el Tribunal Supremo; lo que ha permitido al gobierno actual sacar pecho y presumir de defender lealmente el Estado de Derecho y las leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Ya hace algunas semanas, a finales de aquel mismo año 2017, me atreví a comentar lo que era un ‘Estado de Derechos’, remarcando con énfasis este segundo plural. Estado que debía garantizar ante todos los ciudadanos todos sus ‘derechos humanos’, los ‘civiles’, los ‘laborales’ y hasta las libertades que la Constitución establece como base y cimiento de nuestra democracia; de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional. Derecho al que España se ha comprometido a respetar y cumplir en todos sus términos.
El partido del Gobierno no ha hecho más que salir continuamente a la palestra ‘mediática’ para subrayar que es él quien ha logrado imponer los ‘derechos’ y las ‘libertades’ mediante la aplicación de uno de los artículos constitucionales menos conocidos y menos apreciados por el conjunto de los ciudadanos: el art. 155; que a cuenta de esta constante ‘propaganda’ de sus virtudes, ha pasado a ser el más denostado y criticado por aquellos que se sienten realmente demócratas; tanto ‘independentistas’ de ‘cuño catalán’, como españoles de recia estirpe.
Un viejo axioma castellano decía: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Axioma que se hace de nuevo verdad en esta circunstancia, cuando los que presumen de imponer la Constitución son los que más la conculcan. Pues los ‘derechos’ que se enumeran en esta misma Constitución como propios e irrenunciables de todos los españoles no se cumplen ni se respetan por aquellos encargados - como representantes de la ciudadanía - de llevarlos a efecto. Lo mismo viene a ocurrir con las ‘libertades’ expresadas en esta misma Constitución y en las leyes orgánicas que la desarrollan: libertad religiosa, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de publicación de las ideas y otras que sería prolijo enumerar porque ya vienen expresadas en todos sus capítulos y artículos; pero que nuestros ‘capitostes’ gubernativos y sus portavoces no se han entretenido en leer para no ‘perder el tiempo en bobadas’.
No hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrarnos una brutal represión contra todos estos ‘derechos’ y ‘libertades’ de los que tanto alardea el Gobierno de guardar y garantizar. Apenas desde el mismo año que superaron unas elecciones por mayoría absoluta, comenzó la campaña de represión y censura contra las manifestaciones, contra las protestas ciudadanas, contra las publicaciones o representaciones escénicas; contra los ‘raperos’ o ‘titiriteros’ que pusieran en ‘solfa’ los errores y abusos de las autoridades; incluyendo una injustificada reforma del Código Penal, para implicar al Poder Judicial. “¡Cosas verás, amigo Sancho, que harán hablar a las piedras!”
¡Hasta ahí hemos llegado! ¿Hasta dónde podemos llegar, si seguimos gobernados por los mismos?
