La denuncia del convenio entre la diputación y la Junta sobre la gestión del Julián Murillo se anunció en abril. El centro pertenece a la diputación, que en 1988 suscribió un convenio de colaboración con el gobierno regional en virtud del cual, el personal del Julián Murillo dependía funcionalmente de Bienestar Social, aunque su dependencia orgánica era responsabilidad del gobierno provincial, institución que sufragaba las nóminas de los trabajadores. El fin del convenio ha supuesto que la Junta opte por hacer un nuevo centro y que contrate a sus propios empleados. Ello obliga a la diputación cacereña a recolocar a su plantilla.
La diputada de Personal, Ana Soguer, dijo ayer que quedan 60 personas de la institución en el Julián Murillo y que se trasladarán en el 2007 o según la consejería lo demande. Diez empleados se han trasladado: el director ha pasado al patronato de turismo, la pedagoga está en el área de formación, un ats y un auxiliar administrativo se han jubilado, una telefonista pasó a Pintores y otra a la biblioteca Zamora Vicente, un auxiliar administrativo está en Turismo, dos empleados de mantenimiento están en el palacio y un encargado de almacén ha ido al archivo. La diputación estudiará qué uso dará al edificio tras el cierre.
