La diputación suprime definitivamente la tasa que cobra a los constructores por prestarles servicios técnicos en la contratación de obras. Aunque esta medida se puso en marcha el año pasado, ahora se ampliará también a los ayuntamientos de la provincia.

Con este objetivo, el equipo de gobierno tiene previsto aprobar en el pleno del próximo día 27 la derogación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de los servicios de replanteo, dirección, inspección y liquidación de obras. La decisión será debatida antes en la comisión de Hacienda del lunes.

Según explicó ayer la diputada de Hacienda, Ana María Guerra, la institución provincial dejará de ingresar este año por este concepto más de 601.000 euros (100 millones de pesetas). Guerra indicó que esta partida no ha sido incluida en los presupuestos para el 2004. Asimismo, matizó que en el año 2003 se empezó a estudiar este tema: "Se hizo una resolución por la que se suprimía, pero no se había hecho el trámite para la derogación definitiva de la ordenanza".

Guerra añadió que era "un precio público que pagaban por los servicios facultativos que la diputación prestaba a las corporaciones locales que tenían encomendadas obras o a las empresas adjudicatarias".

MENOS INGRESOS La supresión de esta tasa afectará a un 90% de las obras contratadas por la diputación y significará una reducción en los ingresos ordinarios. En este sentido, el presidente de la institución, Juan Andrés Tovar, indicó ayer que se intentará compensar esta pérdida con una mejor recaudación de otros impuestos de la diputación.

El responsable provincial justificó la medida en el cumplimiento de una sentencia favorable a los empresarios, que ahora se amplía también a los ayuntamientos y que ya había iniciado la anterior corporación.