El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha criticado que el Gobierno socialista haya contratado un servicio externo, por 9.800 €, para estudiar la viabilidad del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anula los nombramientos de personal directivo profesional. El PP recuerda que la institución «tiene un gran departamento jurídico» y asegura que este gesto «genera mucha desconfianza» entre los funcionarios.
