El equipo de gobierno de la diputación presentó ayer recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el reglamento que aprobó la institución para nombrar a sus altos cargos. En concreto el fallo afecta a los puestos directivos de coordinador de servicios territoriales y de director de asesoramiento a municipios, ocupados por personal laboral. En la sentencia se hacía referencia a que la diputación se había extralimitado en sus funciones, ya que el régimen jurídico de los directivos no puede ser regulado por las administraciones locales, sino que es competencia del Estado o de los gobiernos autonómicos.

Sin embargo el equipo de gobierno, tal y como aseguró ayer su portavoz, Fernando García Nicolás, considera que el fallo «vulnera la autonomía local y la potestad de estos entes de autogobernarse». Y cree que no se ha aplicado correctamente el artículo 13 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ni el 32 bis y el 85 bis de la Ley de Bases del Régimen Local. Según estas normativas la diputación estaría autorizada para regular el personal directivo.

El portavoz aclaró que el reglamento orgánico «no afecta a la creación de puestos de trabajo del personal directivo sino a su régimen jurídico». Por lo tanto, insistió, la sentencia «no afecta a la estructura organizativa aprobada por el pleno provincial en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), toda vez que no se amortiza ni se suprime ninguno de los puestos creados». El TSJEx se pronunció después de que el Partido Popular presentara un contencioso-administrativo contra la aprobación de este reglamento en el pleno del 9 de febrero con los votos a favor del PSOE.