Terrorismo institucional". Así catalogó ayer el diputado delegado de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás, la actitud de casi un centenar de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres, que se dieron cita en el pleno de ayer para protestar por sus condiciones laborales y que obligó a la institución provincial a suspender la sesión, que se celebrará el próximo jueves.
Los bomberos aprovecharon el pleno ordinario ayer para manifestarse en contra del actual jefe de servicio del Sepei, José Antonio Bayón, con carteles en los que se podía leer "Bayón dimisión", y para reclamar que se respete el acuerdo firmado con el anterior equipo de gobierno, en este caso el PP, que contemplaba, entre otras modificaciones, una subida salarial de más de 500 euros. Un bombero llegó a aparecer con un mono naranja, encapuchado y esposado, denunciando la situación que viven actualmente.
En el escrito que los bomberos entregaron a los medios de comunicación se denuncia una resolución, "impuesta de manera unilateral" por Bayón, a través de la que "no se nos permite disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios devueltos por el Gobierno de España", reza el escrito. Igualmente, dicha resolución "permite transformar jornadas destinadas a realizar formación en días laborales o en guardias operativas a realizar en domingos, festivos y horarios nocturnos, sin ser remunerados por ello", lo que conllevará, según personal del Sepei, que los bomberos deberán realizar "un 30% más de trabajo" que lo reflejado inicialmente en sus cuadrantes.
El pleno se suspendió debido a lo que la institución provincial consideró una actitud "amenazadora" de los bomberos, que trataron de "violentar" a los diputados de la sala, señaló García Nicolás, que añadió que era "imposible" continuar la sesión ante "las voces y los insultos" procurados. El diputado de Infraestructuras recalcó que la diputación se encuentra en estos momentos en plena negociación con el Sepei y rechazó la estrategia utilizada por los bomberos, que impidieron que se aprobara algún punto del orden del día.
La negociación, aseguró García Nicolás, está influida por un acuerdo del anterior equipo de gobierno --PP-- con los bomberos, que según los cinco informes jurídicos que maneja la diputación es "ilegal", ya que se ha firmado sin pasar por la Mesa de Negociación de los empleados públicos, sin contar con un presupuesto consignado y, en definitiva, sin hacerlo por los "cauces establecidos para cualquier negociación con los empleados de esta casa".
