La Audiencia confirma la condena de dos años de prisión para la presidenta de un tribunal de oposiciones de educación que ordenó destruir los exámenes. Fue condenada primero por el Juzgado de lo Penal 1 pero la Audiencia acaba de ratificarla por lo que el fallo ya es firme. Los hechos ocurrieron en el año 2010, cuando se convocó el proceso selectivo para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de organización y procesos de mantenimiento de vehículos.
La acusada fue nombrada presidenta del tribunal por lo que el querellante presentó a la Junta un escrito en el que solicitaba que recusación de la presidenta alegando que existía una «enemistad manifiesta» de ella hacia él. La recusación no fue aceptada por la acusada y la Consejería de Educación estimó que no se daban los motivos suficientes como para apartarla. Una vez comenzó el proceso selectivo el tribunal acordó que cada miembro se llevase a casa para su corrección las programaciones de cuyas materias tuvieran más conocimiento. La corrección de la presentada por el denunciante correspondía a otro miembro del tribunal sin embargo la acusada decidió llevársela para corregirla ella. Además decidió valorar la prueba de una forma distinta a la establecida por la Junta, para perjudicar a este opositor. Después procedió a la destrucción de los exámenes, a pesar de que la ley establece que estos deben quedarse bajo custodia de la delegación provincial de Educación. Por esta razón ha sido condenada por un delito de prevaricación y por otro de infidelidad en la custodia de documentos. Ha sido inhabilitada para empleo o cargo público durante 12 años y debe indemnizar al querellante con 12.000 euros (el Juzgado de lo Penal estimaba esta indemnización en 40.000 euros).
