El caso de los dos policías de la sección de Extranjería de la Comisaría de Cáceres detenidos por presunta corrupción en la legalización de inmigrantes llega a los tribunales. El oficial y el agente del Cuerpo Nacional de Policía F. S. D., y E. S. R., serán juzgados por la Audiencia Provincial, que ha fijado para los días 11, 12, 13, 17 y 18 del mes de marzo las sesiones, con lo que sin duda éste se convertirá en uno de los juicios más largos de los celebrados en los últimos años en la ciudad.
Cuatro son los delitos que el Ministerio Fiscal imputa a los dos acusados, los de revelación de informaciones por funcionario público, continuado de cohecho para comisión de delito, continuado de falsedad en documento oficial y favorecimiento de la inmigración ilegal. Por ellos se solicitan, para cada uno de los acusados, 15 años de prisión, 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, una multa de 4.900 euros y 40 meses de multa con cuota diaria de 6 euros (unos 7.200 euros).
IMPLICADOS Y HECHOS
En los delitos están implicadas, además, tres mujeres de nacionalidad marroquí, las hermanas Ch., y A. G., y F. N., por los delitos de aprovechamiento de información, continuado de cohecho y favorecimiento de la inmigración clandestina. Para las dos primeras el fiscal pide 15 años de prisión y multa de 9.800 euros, y para F. N., 4 años de prisión y multa de 4.800 euros.
Los hechos por los que los dos policías y las tres ciudadanas marroquís serán ahora juzgados se remontan a finales del año 2000. Según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, con motivo de estar los agentes en la sección de Extranjería y que las hermanas G., tenían contacto con otros extranjeros procedentes de la zona del Magreb y Oriente Medio, por ser conocidas al regentar un establecimiento de prostitución en una localidad de La Vera, "surgió en todos la idea de aprovechar la dedicación de los funcionarios para obtener prestaciones económicas de extranjeros deseosos de regularizar su situación real o aparente en España".
Los agentes se comprometían, según el escrito de acusación, a emitir informes fingidos, y Ch., y A. G., se encargaban de captar extranjeros, atrayendo principalmente a los que no cumpliesen los requisitos legales, recabando de ellos una contraprestación económica por sus servicios y los de los policías. Exigían cantidades que iban desde los 240 euros (40.000 pesetas), por la simple tramitación, hasta los 4.200 euros (700.000 pesetas), por un permiso de residencia.
