Los propietarios de Charca Musia están dispuestos a pagar las obras de reparcelación del polígono para que se pueda legalizar. Esta es la principal conclusión de la reunión que tuvo lugar anoche para resolver el futuro del área industrial de la EX-206.

Según explicó Juan Borrego, presidente de la asociación de vecinos La Unión, también se acordó crear una comisión técnica para trabajar con el ayuntamiento en la redacción de un plan específico para la zona. "Es un paso muy importante", dijo anoche Borrego tras finalizar la reunión, a la que asistieron más de un tercio de los propietarios citados por carta.

Este grupo de trabajo solicitará hoy mismo una reunión con la alcaldesa con el objetivo que los técnicos municipales colaboren con el colectivo vecinal. "El principal objetivo era buscar la unidad entre los propietarios de parcelas y lo hemos logrado", indicó Borrego. Este portavoz reiteró anoche que, para poder llevar a cabo las obras de reparcelación de este polígono industrial y residencial, es necesario que los dueños de los solares presenten la documentación catastral que sirva para determinar con exactitud los metros cuadrados. "Solo así podremos saber qué tiene que pagar cada uno", añadió Borrego, partidario de que los propietarios corran con los gastos de la urbanización.

En cuanto al papel que deberá desempeñar el ayuntamiento, apuntó que "deberá intervenir como un propietario más", ya que también tienen propiedades en la zona. Este responsable recordó que el gobierno municipal se ha comprometido a poner a disposición de la asociación sus técnicos para la redacción del proyecto de reparcelación, una de las claves del futuro del área industrial. Borrego también recordó que el consistorio tiene ya un proyecto ya redactado que costó más de 40.000 euros, financiado por el anterior gobierno.

Durante la asamblea, insistió en la idea de que los propietarios "tienen poder de decisión porque el polígono es nuestro". Borrego está convencido de que "se revalorizará cuando se haga la obra de reparcelación" y reiteró que los vecinos tendrán que acogerse a este proceso "porque, legalmente, es lo que hay que hacer", concluyó.