La Sociedad Española de Ornitología (SEO/Bird Life) ha dado la voz de alarma: en cinco o seis años la riqueza natural de Los Llanos de Cáceres desaparecerá si continúan las construcciones ilegales. Así lo advierte el delegado en Extremadura de esta sociedad científica, Marcelino Cardalliaguet Guerra, quien asegura que se ha detectado un incremento de un 25% de edificaciones en la zona en el último año. Izquierda Unida ya alertó de este incremento en octubre del año pasado.

La SEO/Bird Life, junto a las asociaciones proteccionistas Adenex y Ecologistas en Acción, redactan actualmente una denuncia de la situación de degradación que sufre este paraje cacereño y que presentarán ante la Comisión Europea, como ya informó este diario en agosto del año pasado. La intención es presentarla, según adelantó Cardalliaguet, "como muy tarde en el mes de marzo".

Esta denuncia es, según estos colectivos, casi la última salida para atajar la destrucción de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Los Llanos, ante el revés sufrido en verano en los tribunales cacereños en este sentido. La Audiencia Provincial eximió de responsabilidad penal a 35 propietarios de las actuaciones realizadas en el El Collado, próximo a Sierra de Fuentes. También existen construcciones ilegales denunciadas en la carretera de Badajoz y el Salor, en Mayoralguillo y la Segura.

PROCESO ADMINISTRATIVO Tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Cáceres tienen abiertos varias decenas de expedientes sancionadores contra estas construcciones, aunque de momento no se han resuelto. El concejal delegado de Urbanismo, Andrés Nevado, apuntó ayer que se llegará hasta el último trámite y en función de la indicación que se proponga en los informes técnicos. El concejal recordó que la resolución judicial descartaba la vía penal, pero no la administrativa, y apuntó que el proceso está actualmente con la "realización de las valoraciones" de las edificaciones hechas sin licencia.

El gobierno local se pronunció a finales del pasado año a favor de la propuesta realizada por los servicios técnicos municipales, que aconsejaron que una vez que el auto de la Audiencia fuese firme se continuase y se iniciasen procedimientos sancionadores, para los que se requiere una valoración de las obras realizadas sin la autorización municipal y de las que se deberían acometer para la reposición del orden infringido.

La intervención administrativa del consistorio puede ser en un doble sentido: ordenar la demolición de las obras y ejecutarlas subsidiariamente, para lo que se necesita valorar lo que costaría ese derribo, y sancionar, para lo que también se requiere conocer el coste de lo hecho, ya que la sanción está en función del importe de la obra que se ha hecho.

Nevado precisó que el ayuntamiento, al igual que el Seprona y la Junta, está realizando un control, que administrativamente "se actúa" y que los expedientes abiertos "siguen su curso".

El concejal se refirió a este asunto al término de la comisión de Urbanismo, en la que se dictaminó a favor de la ejecución de una vivienda rural en la finca Almedia, en suelo protegido la Dehesa, al reunir las condiciones legales, ya que se ejecutará en una finca que tiene más de 50 hectárea y cuenta con informe a favor de la dirección general de Medio Ambiente.