La subsecretaría de los Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda no acepta la última certificación de gastos remitida por el ayuntamiento con cargo a la iniciativa comunitaria Urban II. El importe de dicha certificación asciende a 800.000 euros. La razón de su negativa es que los gastos se hicieron efectivos fuera de la fecha límite (30 de junio del 2009). El ayuntamiento ha recurrido esta decisión, ya que la entidad local dio la orden para el pago antes de la finalización de la fecha límite. Este retraso obedece a que la entidad financiera no realizó el pago hasta unos días después, con lo que se hizo efectivo pasado el 30 de junio.

El retraso en hacer efectivo los pagos fue de "uno o dos días", según explicó ayer el edil delegado de Innovación, Víctor Santiago, en cuya área entra la gestión de los fondos europeos. Santiago detalló que hay diferencias en la interpretación que en relación a la fecha de pago tienen la subdirección de los Fondos Comunitarios y el ayuntamiento.

El edil recordó que el ayuntamiento ha demostrado que la orden de pago se dio por parte del consistorio antes del 30 de junio. Añadió que se ha presentado la documentación de la entidad financiera a la que se dio la citada orden, en la que se reconoce que fue la entidad la que libró el pago después del día límite.

Los gastos que se incluyen en la certificación que no sido aceptada por la subsecretaría de Fondos Europeos se corresponden a la falsa bóveda del edificio Embarcadero y a otras actuaciones en el inmueble colindante, Garaje 2.0, que se ha rehabilitado.

DECLARACION FINAL No es la primera vez que Economía descertifica gastos realizados por el ayuntamiento. Hace tres años no se aceptó un gasto de 579.000 euros en un reformado para reparar la cubierta del edificio Embarcadero, un acuerdo adoptado en la anterior legislatura. Pero la diferencia ahora es que la certificación que no se acepta es la última correspondiente a la iniciativa Urban. Si el ministerio mantiene su criterio, pese al recurso del ayuntamiento, el consistorio no recuperaría 600.000 euros, la cantidad en juego con esta decisión de Fondos Comunitarios.

En la ejecución de las actuaciones que están financiadas con los fondos europeos, la entidad municipal pone una parte, en el Urban es el 25%, mientras que Europa aporta el 75% restante.

Pero en la gestión de dichas ayudas, el ayuntamiento tiene que pagar primero el total de la intervención y después remitir al Ministerio de Economía, que lleva el control de estos fondos, la certificación del pago. Si está conforme y se autoriza, el paso siguiente es remitir al consistorio el 75% del gasto realizado.

En una certificación con un gasto de 800.000 euros, lo que está en juego para el consistorio es recuperar 600.000 euros que ha anticipado. En la descertificación anterior, de 579.000 euros por la reforma de la cubierta del edificio Embarcadero, la incidencia fue menor porque el plazo de ejecución del Urban se encontraba vigente. Por tanto se podían certificar pagos en una nueva actuación que se correspondiese a los fines del Urban para recuperar el 75% de la inversión.

EL PERIODO DE LA INICIATIVA La diferencia ahora es que el plazo del Urban está agotado. Esta iniciativa se desarrolló durante el periodo 2001-2006, con un plazo extra para finalizar las actuaciones de dos años, al que luego se sumó un periodo de prórroga de seis meses (acababa el 30 de junio del año 2009). Si Economía confirma su negativa de no aceptar la certificación de pagos, no habría margen para afrontar una nueva inversión con un gasto parecido para no perder el 75% (600.000 euros).

No obstante, existe la posibilidad de que parte de este dinero se pueda recuperar por otra vía para aminorar la pérdida.