E Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cáceres estima que en torno a 60 inmuebles disponen de un certificado visado de eficiencia energética. La nueva normativa entró en vigor el pasado 1 de junio y obliga a que todos los inmuebles que se quieran vender o alquilar durante más de cuatro meses y se hayan construido antes de 2007 deben de disponer de esta etiqueta. De lo contrario, los propietarios podrán ser sancionados con hasta 6.000 euros, según lo dispuesto en el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 5 de abril.

El certificado especifica mediante una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio. Los arquitectos y arquitectos técnicos, además de los ingenieros industriales e ingenieros industriales técnicos, son los encargados de realizar los avales técnicos.

Según el presidente del colegio de arquitectos técnicos de Cáceres, Carlos Alfonso Encinas, los certificados energéticos no han servido para relanzar la actividad del sector. "Nuestras expectativas no se han cumplido, sobre todo por la competencia desleal a la hora de fijar los precios", asegura Encinas. Y es que, en este sentido, la ausencia de una tarifa que fije el precio del certificado hace que surjan numerosos competidores, alguno de ellos no cualificados. "Para los usuarios es importante que los técnicos tengan un seguro de responsabilidad civil y cuando vemos algunos precios tan bajos nos extraña un poco", afirma.

Este mismo punto de vista es el que sostiene el arquitecto técnico Víctor Zarco, pues considera que la nueva normativa no va a reactivar el sector. "Es un campo de trabajo que se abre, pero tanto la indefinición de los técnicos cualificados, como la cualificación de las profesiones dejan mucho que desear", asegura Zarco, quien a su vez explicó que "no se trata de un impuesto, sino la trasposición de una directiva europea cuyo fin es intentar que en 2020 todos los edificios nuevos que se hagan sean de consumo energético casi cero".

Por otra parte, la gerente de Viprés Inmobiliaria, Montse López, sostiene que desde la entrada en vigor de esta normativa han llevado a cabo desde su empresa una docena de certificaciones, la mayoría correspondientes con las letras F y G. "Los propietarios de las viviendas están bastante preocupados por cumplir con los requisitos y muestran su interés", señala.

El precio del certificado energético no sólo depende de la oferta y la demanda, es decir, es variable. De hecho, una vez expedido por un técnico cualificado, el certificado debe de incorporarse a un registro oficial. Por ello, cada Comunidad Autónoma dispone, según la normativa vigente, de la potestad para regular de manera independiente el coste de este trámite burocrático. En concreto, la Junta de Extremadura ha establecido la tasa en 22,45 euros.