Evitar que el Bloque C se llene de okupas. Ese es el objetivo a más corto plazo del ayuntamiento. Ayer, el concejal de Infraestructuras, Miguel López, confirmó que cuando el edificio se vacíe, "se tapiará, se blindará y contará con vigilancia especial y continuada para evitar de nuevo una ocupación ilegal. Si esto no se hace así, nuestro papel y nuestros esfuerzos habrán sido baldíos".
En el bloque residen aún seis familias. Cuatro lo hacen en pisos que adquirieron de forma legal, dos están en viviendas que no son suyas. El 25 de septiembre se firmarán las escrituras para reubicar a los legales en pisos sociales del barrio, a las otras dos familias se dará una solución, según dijo la concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro.
De forma paralela, una comisión estudia el futuro del bloque. La comisión la preside la alcaldesa y la forman los concejales López, Elviro y Víctor Santiago Tabares (de Innovación), además de técnicos de cada una de estas tres concejalías. Todos ellos tratarán de que el edificio no se derrumbe y buscarán fondos para financiar su rehabilitación, que se destinará a fines sociales y culturales. Entretanto, los vecinos aplaudían ayer la medida. María Dolores aseguró: "el anterior gobierno no nos hizo ni caso. Ahora estamos que ni nos lo creemos".
