La Madrila vuelve a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cáceres ha citado para el próximo 23 de noviembre a Antonio Durán, presidente de la asociación Cacereños Contra el Ruido, y el abogado de este colectivo, Eugenio Cuadrado, para tomarles declaración en calidad de testigos en el procedimiento judicial que se sigue tras el cierre cautelar decretado por el juez en ocho pubs de la zona a raíz de la querella presentada por un grupo de vecinos agrupados en Cacereños Contra el Ruido.

Solo dos establecimientos --Pasadena y Barroco-- han podido reabrir sus puertas tras las mediciones ordenadas por el juzgado en el interior de sus establecimientos. La toma de declaración a Durán y Cuadrado tiene su origen en la denuncia presentada por los hosteleros al entender que podía existir un presunta manipulación en las mediciones que adjuntaron a la querella, realizadas en el exterior de los locales para medir la supuesta contaminación acústica y que corrieron a cargo el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

SIN PRECISAR En su declaración ante el juez el pasado mes de mayo, el agente que instruyó el informe aseguró que en este documento no se consignaba "qué locales concretos estaban abiertos y en funcionamiento o cerrados y sin actividad cuando se realizaron las mediciones de ruido ambiente y de ruidos de fondos". Estas pruebas se practicaron en la calle y viviendas de cinco vecinos de distintas calles de la Madrila entre noviembre y diciembre del 2009.

Sin embargo, y a pesar de que los hosteleros consideraron que Cacereños Contra el Ruido pudo haber manipulado este informe al incluirlo en la querella señalando en un croquis los locales a los que denunciaba, el juez denegó el levantamiento de la medida cautelar de cierre al resolver que el informe original del Seprona no se había alterado.

Las explicaciones del instructor de la Guardia Civil fueron en dirección contraria, al asegurar que no se había marcado ningún pub como fuente de ruido y que lo correcto hubiese sido llevar a cabo una medición individualizada en cada uno de ellos para conocer la procedencia de los ruidos.

Según ha podido saber este diario, en ese croquis ni siquiera aparecía alguno de los locales que luego se incluyeron en la querella presentada por Cacereños Contra el Ruido contra los establecimientos de la Madrila.

Aunque los empresarios afectaron insistieron en pedir el levantamiento del cierre cautelar argumentando que el informe había sido alterado, la magistrada lo negó al entender que en la causa "constaba el original" de dicho informe, en el que no existía alteración alguna.

Asimismo, el juez hacía constar que respecto al documento alterado presuntamente por Cacereños Contra el Ruido debe ser ahora al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cáceres al que corresponde dilucidar si existe o no un hecho delictivo, que es lo que debe dilucidarse con la toma de declaración como testigos a Durán y a Cuadrado, abogado de Cacereños Contra el Ruido.