La junta local de gobierno del ayuntamiento acordó ayer iniciar el procedimiento legal para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura para «adoptar las medidas oportunas para su retirada dentro de las competencias» del ayuntamiento, según precisó el gobierno en un comunicado sobre los acuerdos adoptados en la junta local.
El acuerdo de su elaboración parte de una solicitud hecha en febrero de 2015 por el abogado Eduardo Ranz, que en julio de 2016 presentó una demanda en el juzgado de lo Contencioso número 1 para que se atendiese su reclamación. Se admitió a trámite y se convocó a las partes a una vista que se iba a celebrar el 23 de enero y que se suspendió. Ahora la junta local de gobierno confirma que se iniciará el proceso legal para la elaboración del catálogo, una decisión que viene precedida por un acuerdo de la comisión de Cultura el pasado febrero en el que se dictaminó la creación de una comisión de expertos para la revisión del callejero y para «abundar en el estudio del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», según informó el gobierno entonces.
Ranz apoya su reclamación en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que establece que el Gobierno colaborará con las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios que sirva de base y documentación para que las administraciones públicas adopten en el ejercicio de sus competencias las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones «conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura», según se precisa en el articulado de la mencionada ley.
