El juicio por ruidos de La Madrila encara ya su recta final. Reanudó ayer las sesiones con el testimonio de los agentes del Seprona (Guardia Civil) encargados de realizar las mediciones de decibelios en los domicilios que habían presentado quejas por ruido. El cuerpo de seguridad actuó tras recibir las denuncias de manos de Antonio Durán, en ese momento responsable del colectivo Cacereños contra el ruido.

De los cuatro agentes que estaban convocados, solo asistieron dos -uno se ausentó por enfermedad- y otro, residente en otra comunidad, prestó declaración a través de videoconferencia. Los tres asistentes tomaron declaración conjunta a petición del ministerio fiscal y coincidieron en ratificar el aumento de ruido dentro de las viviendas de La Madrila durante el fin de semana. Aunque los vecinos denunciaban más molestias entre el jueves y el fin de semana, los agentes realizaron la mayoría de las mediciones el sábado, la jornada en la que según la estimación había más afluencia de gente en los locales de la plaza de Albatros.

Realizaban mediciones con el sonómetro en lapsos de 15 a 30 minutos tanto en la zona exterior -con las ventanas abiertas- para observar el volumen ambiente y en la zona interior, en la mayoría de casos en el dormitorio de los domicilios, para apreciar las vibraciones a nivel estructural que provocaba el sonido. Así lo declaró a la jueza el agente del Seprona responsable encargado de redactar las conclusiones del informe. Entre los testimonios, otro agente destacó el caso de un domicilio en Doctor Fleming que trasladó su queja. «Era asombroso entrar en el piso y ver cómo el suelo vibraba», pone de manifiesto. Asimismo, el mismo agente advirtió que en ese caso «se podía distinguir qué tipo de música estaba sonando». En la misma calle realizaron mediciones en un séptimo piso de un edificio y añaden que el sonido ambiente llegaba hasta esa altura.

Los tres respondieron a las preguntas del ministerio fiscal durante algo más de una hora y por unanimidad corroboraron que el fin de semana se concentraba «gente en toda la plaza pero prioritariamente en la puerta de los locales». A las preguntas de la defensa sobre si es posible conocer qué locales emitían más vibraciones, el agente responsable anotó que «muy improbable» aislar la frecuencia de cada uno de los bares de copas.

TÉCNICOS DE LA JUNTA // Tras la declaración de los técnicos de la policía local -prestaron testimonio la pasada semana- y los agentes de la Guardia Civil (Seprona) -hicieron lo propio ayer, el juicio continúa hoy en la Audiencia Provincial. Hoy tomarán declaración los técnicos de la Junta de Extremadura y más tarde, durante la semana lo harán los peritos. Así, el caso que cumple siete años afronta la última fase de la vista oral.

Desde principios de septiembre han desfilado por el banquillo la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y el exedil Carlos Jurado, además de responsables de Policía local, testigos que denunciaban ruidos procedentes de una decena de bares de copas de La Madrila, la zona por excelencia de la ‘movida’ cacereña que se desinfló, según muchos, cuando se inició esta causa.

La particularidad de este caso que se ha convertido en un litigio histórico es que imputa a la que fuera regidora socialista por un delito de prevaricación ambiental y de lesiones a los vecinos. Fiscalía pide para ella un año y nueve meses de prisión y nueve de inhabilitación. El exconcejal y los dueños de los locales -muchos de ellos cerrados ya- también están imputados por los mismos delitos. En todo momento, Heras alegó que cuando llegó a la alcaldía era consciente de que tenía que atajar el problema. «Era una problemática que llevaba veintitantos años, eso lo conocía yo como lo conocía cualquier cacereño», alegó durante una declaración que se prolongó durante casi cuatro horas y ratificó que tomó todas las medias a su alcance. El litigio comenzó en 2010 cuando la asociación Cacereños contra el ruido presentó una querella por contaminación acústica.